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Indira-Altozano: Alta corrupción política

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Escrito por José Francisco Gallardo Rodríguez.
López Obrador llegó al poder enarbolando la bandera de la honestidad, la rectitud, la crítica al neoliberalismo. La figura emblemática en la que dijo inspirarse fue Benito Juárez; su propuesta de campaña y ahora de acción gubernamental es la “Cuarta Transformación” siguiendo la estela del movimiento de Independencia iniciado en 1810 por Miguel Hidalgo; la Reforma encarnada, precisamente, en Benito Juárez y plasmada en la Constitución de 1857 junto con la lucha contra la intervención francesa (1861-1867), y la Revolución mexicana convocada por Francisco I. Madero en 1910 y condensada en la Constitución de 1917.

El 26 de noviembre de 2018, es decir, pocos días antes de asumir la Presidencia de la República, López Obrador presentó la convocatoria para elaborar una Constitución Moral. Ese documento fue definido por el gobierno electo como “una guía de valores que se convertirá en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa, adoptar nuevas prácticas, rescatar valores entrañables de nuestro pueblo y estimular mejores patrones de conducta”.

El 26 de noviembre de 2020, el gobierno presentó la “Guía ética para la transformación”. Dicha “Guía ética” incluye 20 principios y valores. Encabeza la lista la trilogía “No mentir, no robar, no traicionar.” Le siguen “el amor al próximo”; “el perdón”; “la redención, no se debe enfrentar el mal con el mal”; “De la autoridad y el poder. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, y “la felicidad de los demás”.

Aprovechando la indignación social por la corrupción rampante que se desbordó en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), ahora protegido por un pacto de impunidad, el tabasqueño capitalizó ese enojo junto con el resentimiento contra la fábrica de pobres y la concentración de la riqueza en unas cuantas familias multimillonarias a los que dio lugar el neoliberalismo impuesto en nuestro país desde la época de Miguel de la Madrid (1982-1988) para presentarse como la opción a esas desgracias. (Crónica 12/02/21) 

En el punto concreto, no creo que los 30 millones de votos en 2018, hayan sido a favor de López Obrador, sino por el hartazgo y la esperanza de un cambio. 

Lo cierto es que entre la retorica obradorista, y los hechos, hay un tramo abismal, muchos niegan que NO hay una transformación, contrario a ello, SÍ hay una transformación, la autollamada 4ªt: de los intentos de la sociedad para alcanzar un Estado democrático de derecho y de justicia, al colapso del orden institucional que claramente se ve reflejado en una crisis de seguridad, salud, económica, educativa, política, ética/moral y social.

Además, igual es contradictorio con la “Guía Ética” hoy en día se miente, se roba y se traiciona, y el poder sólo tiene sentido cuando es el poder por el poder, al ponerse al servicio de intereses personales y grupos de interés, de caciques, asesinos, topilleros, corruptos, rateros, mentirosos y traidores, ese es el perfil de muchos de los candidatos y candidatas de morena para esta emblemática elección del seis de junio próximo.  

Un germen de destrucción y la estocada para el fin de la 4t, lo que nos trae a la mente un acontecimiento que se encubre desde las cúpulas de poder y se mantiene en la impunidad por acuerdos deshonestos, cochupos entre los caciquillos, los vizcaínos y morena en afán de ganar espacios electorales a través de financiamientos ocultos al escrutinio social: el caso Indira Vizcaíno Silva. ¡Recordemos pues! 

A mediados del mes pasado los vecinos denunciantes del caso Indira-ALTOZANO, por hechos constitutivos de delito “en contra de nuestro patrimonio público como ciudadanos”, se aprestaban a ratificar la denuncia ante el Ministerio Público de la localidad de Cuauhtémoc, radicada en esa agencia el 06/11/17 en el Expediente 695/17 recibido por Iván Barreda.

Luego comenzaron las intimidaciones y amenazas, en contra de quienes intentaban ratificar la acusación,  la “Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.” la cual presido, al enterarse de los acontecimientos, por nuestra experiencia en estos menesteres de confrontar al poder y a grupos caciquiles apoyados desde las estructuras de gobierno, para evitar un hecho de carácter irreversible e irreparable, como golpes, torturas, violaciones, levantones, encarcelamientos injustificados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos, que se las saben muy bien, se tomaron las siguientes acciones.

Primeramente se elaboró un documento dirigido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, aunque sabemos que esa comisión está al servicio del poder y sirve para un carajo, solicitamos medidas cautelares para el total de las personas amenazadas, pues se tiene que agotar el recurso para poder pasar a otras instancias, luego, fast track se elaboró un video y se subió a las redes sociales, advirtiendo a los implicados en el caso Indira-ALTOZANO, cualquier intento amenaza o acción en contra de los denunciantes,  mágicamente “le bajaron” como se conoce vulgarmente, sin embargo, sorprendentemente ya ante el Ministerio Público al momento de la ratificación, se advertía a los denunciantes, de la responsabilidad y las consecuencias de su ratificación, y agregaba, que si ya estaba enterada Indira Vizcaíno Silva. La Defensoría no pasa inadvertido que las amenazas están latentes y que los denunciantes corren riesgos.

Este grave acontecimiento, deja claro la conexión que hay entre empresarios, gobernantes, autoridades y los morenos, para encubrir un hecho de alta corrupción política donde hay varios involucrados. Por ello viene a cuento un comentario sobre qué, quién y qué debe hacer el Ministerio Público.                 

El Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un Estado de derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.  

Por su calidad en el procedimiento y su vinculación en el proceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo. Sin embargo, es parte formal por poseer una parcialidad que encarna al Estado y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes. 

Dado el carácter de órgano público que posee el Ministerio Público, sus actuaciones desde las máximas autoridades del mismo hasta los agentes que lo representan en cada caso, deben adecuarse a ciertos principios básicos, propios del Estado de derecho.

La principal función del ministerio público es la investigación y persecución de los delitos y, como consecuencia, su actuación como parte acusadora en el proceso penal, en segundo plano la de representar determinados intereses sociales que se consideran dignos de protección especial y otra, como asesor de los jueces y tribunales.   

Uno de los aspectos de la autoridad ética o moral del Ministerio Público, es entre otros la de “buena reputación”.  ¿Qué significa la expresión? 

La ley lo exige, en funciones tan trascendentales para cualquier sociedad como es la del Ministerio Público, garante de la defensa de los derechos de las personas, quienes encabecen y realicen esta responsabilidad deben ser personas de gran altura moral, capaces de generar confianza en la sociedad por la solidez de su honestidad y el apego a aquel conjunto de virtudes cívicas que los constituyan en ejemplo de vida. Esto es lo que se merece la sociedad cuando en tales funcionarios deposita el resguardo de sus bienes más preciados. La integridad de estas personas es doblemente necesaria, aunque haya individuos, o instituciones de baja estatura moral que la desprecien.  

Sostenemos que la buena reputación se alcanza con la acumulación de un conjunto de virtudes personales o hábitos buenos. La palabra “reputación” significa “opinión o consideración en que se tiene a alguien o a algo”, es el “prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”. Por su parte, en términos éticos, al tratar la palabra reputación, remite al vocablo “honor”, y este significa: “Estimación respecto a la buena fama debida a toda persona por su intrínseca dignidad y excelencia”.

Por tanto, la “reputación” tiene que ver con la fama y el prestigio que a una persona le reconocen los demás por las acciones y comportamientos que ha demostrado a lo largo de su vida, la cual siendo honrada y decente es reconocida como tal. 

Comportamientos que se traducen en un compromiso real, no aparente, con la “excelencia” personal, comprendida ésta como aquella práctica reiterada de virtudes cívicas en las que se identifica principalmente el “humanismo”, es decir, el reconocimiento de que toda persona humana está investida de una alta dignidad y que como tal merece ser tratada, de modo que el núcleo esencial de todos sus afanes a lo largo de esta vida ha sido siempre la persona y el respeto incondicionado a sus derechos.

Con lo cual, parece que ese compromiso real con el “humanismo” comienza a darnos la pauta de qué debemos entender por “buena reputación”. Otra virtud que igualmente le da contenido a la expresión “buena reputación”, es la de ser un hombre honesto, entendido como “ser real”, es decir, genuino, auténtico y que solo a través de ésta se expresa el respeto por uno mismo y también por los demás.

Cuando uno no es honesto o autentico con uno mismo, poco podemos esperar que lo sea con los demás. Elemento básico para ir formándose una “buena reputación” es la “fidelidad a la palabra dada”, comprendida como aquel comportamiento que nos lleva siempre a conducirnos con verdad, sabedores de que cuando empeñamos nuestra palabra, la debemos cumplir siempre, con independencia de nuestro gusto o disgusto. 

Así, un hombre con buena reputación que empeña su palabra muy pocas veces necesitará del Derecho, porque es obvio que lo más significativo para él es ser verás y auténtico con él mismo. 

Otra virtud cívica más que identifica al hombre de “buena reputación” es la “lealtad”. Esta nos define la clase de personas que hemos elegido ser respecto de nosotros mismos y respecto de los demás, incluyendo, claro está, a las instituciones. 

La lealtad “señala cierta constancia o tesón en nuestro apego por las personas, grupos, instituciones o ideales con los que hemos decidido identificarnos. Ser un ciudadano o un amigo leal significa obrar dentro de un marco de interés por el bienestar de nuestro país o nuestro camarada”. Y más adelante continúa: la verdadera lealtad sobrevive a los contratiempos, resiste la tentación y no se acobarda ante los ataques. Y la confianza que nace de una lealtad genuina impregna nuestra vida entera. 

Virtud esencial de la humanidad ha sido la “prudencia”, que desde tiempos de se entiende como el poder que tiene el hombre de saber deliberar acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas para él, no en sentido parcial, es decir, no para buscar solo egoístamente lo que le conviene, sino aquellas cosas para el bien vivir en sociedad, con los suyos y con los demás. La prudencia es una característica esencial del hombre que tiene una buena reputación. Para hablando precisamente de esta virtud señala con especial rotundidad que solo una ética basada en la virtud de la prudencia es “la única ética que tiene valor”.

En este breve elenco de virtudes que integran la “buena reputación” es importante mencionar a la “generosidad”, como aquella virtud de dar, es decir, ofrecerle a alguien “lo que no es suyo, lo que es nuestro y le falta”. La generosidad, “parece depender mucho más del corazón que del temperamento”. De este modo, parece claro que el contenido de la expresión “buena reputación”, que tendría que tener cualquier funcionario público, especialmente el Ministerio Público, viene determinado por ese reconocimiento que se hace de él dada la serie de virtudes que practica.

Quizá, para cierta mentalidad escéptica, referirse a las virtudes del Ministerio Público podría ser incluso, hasta ocasión para la burla, sobre todo si consideramos el enorme desprestigio de la institución, en la que si algo brilla por su ausencia es el tema de la virtud o de los hábitos buenos. Pero justamente por elevar la altura moral de la institución y de las personas que la integran es que se hace imperioso referirse al argumento de la virtud. Sin esta, poco se podría esperar de la misma y de la serie de tareas que debe desempeñar.

Así las cosas, la autoridad ministerial tiene en su mano romper los cotos de poder e impunidad que tienen postrado en la inseguridad y en la pobreza al Estado de Colima. El caso Indira-ALTOZANO, ya es del conocimiento nacional, y toma gran relevancia en esta coyuntura electoral, en virtud de que sus financiamientos y flujos millonarios son procedentes de actos de corrupción patrimoniales.

El caso Indira-Altozano es parte de un engranaje de alta corrupción política, contraviene los principios éticos, renuncia a la guía de valores que se convertirían en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa del México del siglo XXI.

Ni honestidad, ni lealtad, ni buena reputación es el perfil necesario para mantener el poder de un liderazgo que engañó el voto ciudadano y traicionó a la Patria.  

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