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Mario Anguiano y Rafael Mendoza, casos emblemáticos de impunidad

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Colima, México, Avanzada (20/01/2021).- Los casos del exgobernador Mario Anguiano Moreno y el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, son emblemáticos de la impunidad que prevalece, pues aun cuando fueron encontrados responsables de violaciones a las leyes no han sido sancionados por las instancias responsables.

Anguiano Moreno fue sancionado por el Congreso del Estado el 27 de septiembre de 2018 con una inhabilitación por 14 años para ejercer cargos públicos municipales y estatales, así como una multa por 515 millones 174 mil 928 pesos.

La millonaria sanción económica y 14 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos fueron aplicados al exmandatario por “distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la ley; presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del 10 de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda, y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente”.

También, el organismo fiscalizador detectó el pago de un crédito del 8 de diciembre de 2014, con ingresos de otro crédito del 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización del Congreso, “simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.

Después de perder un juicio de amparo en definitiva, Anguiano Moreno el 12 de febrero de 2020 se declaró públicamente insolvente para pagar la multa y acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) a “entregarse”, pero la Ministerio Público que lo atendió le dijo que tendría que acudir a la Secretaría de Finanzas a ver su asunto.

Antes, Anguiano había instado públicamente al gobierno estatal a ir contra sus bienes, pero advirtió que éstos no representaban ni el 1 por ciento de lo que se le pretendía cobrar, pues aseguró que su patrimonio no llegaba ni a dos millones de pesos.

Cuando ya casi se cumple un año de esa situación, no se ha sabido que el Gobierno del estado haya realizado el cobro, ni que el Congreso haya presionado para que éste se haga efectivo.

Por su parte, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, desde agosto de 2018 perdió su juicio político, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló su destitución de la presidencia municipal e inhabilitación por siete años, por haber participado, de manera ilegal, en 2016 en la elección extraordinaria de gobernador.

En aquella ocasión, cuando faltaban unos días para que concluyera su primer periodo como alcalde, la SCJN consideró “procedente pero infundada” la controversia constitucional 68/2017, interpuesta por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc contra las conclusiones del juicio político instaurado por el Congreso local el 25 de febrero de 2017.

Sin embargo, a pesar de que se trató de una última instancia legal, los poderes de Colima implicados en el asunto, Legislativo y Judicial, no cumplieron su responsabilidad de destituir en ese momento a Rafael Mendoza e impedirle asumir el segundo periodo para el que había sido reelecto, por lo que casi dos años y medio después el alcalde se ha mantenido en funciones, aunque recientemente se dio el lujo de solicitar licencia para buscar la candidatura independiente a gobernador.

Y el lunes pasado se retiró de la contienda con el argumento de que sigue latente la situación de su juicio político, que se encuentra en su etapa final en el Supremo Tribunal de Justicia.

El alcalde había sido denunciado ante los organismos electorales de haber violado la normatividad electoral al realizar proselitismo en comunidades de su municipio a favor del candidato del blanquiazul, Jorge Luis Preciado Rodríguez, los días 9 y 11 de enero de 2016. El alcalde argumentó haber acudido a los actos de proselitismo en su calidad de ciudadano, pues en ese tiempo había solicitado una licencia sin goce de sueldo, pero el TEPJF consideró que al haber invocado durante su mensaje el cargo de presidente municipal, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

Después de varias apelaciones, hasta llegar a la resolución de la SCJN, hasta el momento no se ha destituido al alcalde ni se ha declarado su inhabilitación por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

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