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La 4T se inclina ante el poder del Ejército

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EDITORIAL.

La decisión anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda constituye una ominosa contradicción de la principal oferta del presidente Andrés Manuel López Obrador: el combate a la corrupción y a la impunidad.

El escándalo que despertó la detención del exjefe militar mexicano en Estados Unidos el 15 de octubre pasado, acusado de cinco cargos por narcotráfico y lavado de dinero, se transformó en sorpresa cuando se informó el 18 de noviembre siguiente que las autoridades norteamericanas retirarían los cargos por petición del gobierno de AMLO, bajo el ofrecimiento de que sería juzgado en México bajo las leyes de este país.

Sin embargo, casi dos meses después del retorno de Cienfuegos al país, la sorpresa se convierte nuevamente en escándalo tras la divulgación de la determinación de la FGR de no presentar cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional.

En su pretendida explicación de los hechos, la FGR adujo que desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda. Las pesquisas continuaron durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.   

En el boletín respectivo emitido la noche del jueves, la fiscalía señala que después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.

No obstante, la FGR omitió mencionar que el desistimiento del Departamento de Justicia se dio como resultado de gestiones realizadas por el gobierno mexicano, bajo el entendido de que el militar sería procesado en nuestro país bajo las leyes nacionales.

Luego de haber tomado el caso en sus manos y de haber recibido los expedientes por parte de las autoridades norteamericanas, la FGR aseguró haber llegado a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

La corporación sostuvo que tampoco encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.   

“Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda”.

Independientemente del número, pequeño o grande, de seguidores que le haga perder a la 4T, este episodio muestra de manera preocupante el nivel de poder que ha adquirido el Ejército durante la administración de AMLO, al grado de someter al gobierno y obligarlo a rescatar al general Cienfuegos de la justicia estadounidense y a exonerarlo en tierra mexicanas, sin importar el triste espectáculo mundial que esto significa.

Pero más allá del desprestigio y pérdida de credibilidad del gobierno amloísta, lo lamentable para la población mexicana es el riesgo por la vulnerabilidad en que se encuentra bajo un régimen controlado por militares, que históricamente han cometido atropellos y brutalidades contra el pueblo y se han visto cobijados por el manto de la impunidad.

La gran pregunta es qué debe el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas para haber accedido al notable crecimiento de la militarización del país y haber encumbrado como hace mucho tiempo no se había visto al poder militar.

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