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Masacres, torturas, descuartizamientos… hubo en Colima 128 atrocidades en 2020

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Colima, México, Avanzada (14/01/2021).- Durante el año 2020, se cometieron en el estado 128 atrocidades, entre ellas masacres, torturas, descuartizamiento o calcinación de cuerpos, fosas clandestinas o asesinatos de menores de edad, entre otros, de acuerdo con datos del informe anual denominado Galería del horror, de la organización civil Causa en Común.

Elaborado con base en el seguimiento de notas periodísticas publicadas por medios de las 32 entidades federativas del país, el documento refiere que en Colima hubo 10 masacres, 67 fosas clandestinas, 17 casos de tortura, 20 descuartizamientos o destrucción de cadáveres, 5 calcinamientos de cuerpos, 3 asesinatos de niños, niñas o adolescentes, 1 asesinato de actor político y 1 asesinato de funcionario público, entre otros.

En su informe, Causa en Común señala que aunque posible o probablemente los eventos de mayor impacto estén contemplados de alguna manera en las estadísticas oficiales, no existe en nuestro país, por parte de instituciones gubernamentales o instancias privadas, un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser catalogados como “atrocidades”.

“En este proyecto se presentan, describen y analizan los principales hallazgos sobre este tipo de eventos, a partir de fuentes periodísticas, entre enero y diciembre de 2020. Es importante, por ello, subrayar que las ‘atrocidades’ que forman parte de este documento son sólo ejemplos de una galería de horrores”.

Aún así, advierte que se trata de un estimado porque se trata de un conteo utilizando como fuente de información notas periodísticas en medios nacionales y estatales que registraron atrocidades, pero varios medios locales no reportan eventos que pudieran ser asociados al crimen organizado, por temor a ser agredidos y hay eventos que para este informe se consideran de alto impacto y que, sin embargo, no son reportados usualmente por medios periodísticos; es el caso del asesinato de niñas, niños y adolescentes; mujeres, o personas con discapacidad.

“Para el presente trabajo, se considera como ‘atrocidad’ el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

El documento expone en sus conclusiones que el mosaico de atrocidades detectado “muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país”.

Añade: “Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de ‘el narco’o los ‘carteles’, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas.

“Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”.

Afirma que es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

Los puntos anteriores, refiere, implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y comunidades debe tener una traducción social e institucional. Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos:

A) La resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y B) Reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes.

Causa en común concluye que este trabajo “apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva.

“Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales.

“Se trata de violencia criminal, sí, pero es también violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. En este sentido, pretende iluminar los rasgos más obscuros de nuestra sociedad, y que nunca debemos ignorar. Al final del día, ese sería el propósito: rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores”.

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