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Altos Hornos pidió seguridad, Colima envió policías, los encontraron descuartizados y no hay culpables

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Colima, México, Avanzada (04/12/2020).- El primero de junio de este año, los cuerpos desmembrados de siete policías aparecieron en el  interior de una camioneta que fue abandonada cerca de una cancha de fútbol en la comunidad de Cedro en Manzanillo. Los elementos fueron secuestrados por un grupo armado, cuando custodiaban a dos empresarios mineros que pertenecen al grupo Acerero del Norte S.A de C.V, que preside, Alonso Ancira Elizondo, preso en España y acusado por el gobierno de México de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

El 26 de mayo pasado, los empresarios enviaron un oficio al gobierno del Estado donde solicitaba la custodia de elementos de Seguridad Pública para una inspección de campo.  La petición –según el gobernador- fue remitida al entonces secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel, quien la aceptó y comisionó a 13 policías para el encargo.

El 3 de junio de este año, el mandatario estatal, Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que el titular de Seguridad Pública no le notificó sobre la decisión, y se enteró de los hechos, hasta que los policías fueron secuestrados.

En el Congreso estatal, el gobernador dijo que el oficio está fechado el 26 de mayo y fue firmado por Ricardo Martínez Alfaro, del Grupo Acerero del Norte, donde se menciona que asistirán directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte a visitas de campo.

Debido a ese oficio, el 28 de mayo, 10 elementos policiacos (siete hombres y tres mujeres)  se encargaron de custodiar a los empresarios mineros relacionados con Alonso Ancira, uno de los empresarios consentidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Mientras se encontraban en esa comisión fueron privados de su libertad por un grupo armado, junto con el padre y el hermano del diputado con licencia, y actual notario, Rogelio Rueda Sánchez.

Un día después del secuestro, las mujeres policías fueron liberadas, al igual que los familiares de Rueda Sánchez, sin embargo los elementos policiacos varones fueron torturados, asesinados y sus cuerpos desmembrados se localizaron el primero de junio de este año.

Aunque el gobierno del Estado anunció que iniciaría una investigación para deslindar responsabilidades, no se ha informado sobre los avances de la misma, y por el contrario, familiares de los policías interpusieron amparos para obligar a la administración estatal a cubrir el Seguro de Vida y al IPECOL a autorizar las pensiones por viudez y orfandad.

De las personas que tuvieron relación con este hecho, Alberto Sanmiguel renunció a la secretaría de Seguridad Pública, un día después del hallazgo de los cadáveres; Arnoldo Ochoa González- quien era secretario General de Gobierno –  actualmente es integrante del CEN del PRI y Rogelio Rueda Sánchez pidió licencia como diputado local para asumir la notaría que le autorizó el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

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