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Gobernador ignora a la sociedad y nombrará al fiscal carnal el 6 de septiembre

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Colima, México, Avanzada (22/08/2018).- A más tardar el próximo 6 de septiembre, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez nombrará, por única ocasión, al Fiscal General del Estado, quien sustituirá la figura del procurador y podrá permanecer en el cargo hasta 12 años.

La tarde del martes en el Periódico Oficial del Estado, el mandatario publicó la Ley General de la Fiscalía del Estado, en la cual se establece que a partir de que el Congreso emita la declaratoria de procedencia, el titular del Ejecutivo tendrá 10 días hábiles podrá nombrar al Fiscal General del Estado por un periodo de seis años, pero podrá reelegirse por un periodo más.

Este miércoles el Congreso local hará la declaratoria respectiva, por lo tanto, a más tardar el próximo 6 de septiembre el gobernador Ignacio Peralta Sánchez nombrará al Fiscal General, quien será el responsable de nombrar al Fiscal Anticorrupción, y al Fiscal contra la Trata de Personas.

Diferentes organizaciones civiles integrantes de cámaras empresariales, abogados e integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción solicitaron en diversos momentos al gobernador Ignacio Peralta Sánchez impulsar un proceso democrático para elegir al Fiscal.

Solicitaron que independientemente de que la ley le otorgue al gobernador la facultad para nombrar al Fiscal, éste debería organizar un proceso transparente que permita elegir a un fiscal con capacidad y no a uno que esté sometido al ejecutivo estatal o que sea designado por amiguismo o compadrazgo.

Sin embargo, el mandatario estatal jamás se pronunció sobre el tema, y ayer ordenó la publicación de la Ley Orgánica que en marzo pasado aprobó el Congreso local.

Una vez que se nombre al Fiscal General, la Procuraduría General de Justicia se transformará en la Fiscalía General del Estado y dentro de su organización tendrá varias vice fiscalías que se encargará de diversos asuntos.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía, el gobernador es la única persona que puede remover de su cargo al Fiscal General, aunque el Congreso puede restituirlo en caso de que considere que la remoción no está sustentada en la legislación.

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