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2020 de horror en Colima: masacres, descuartizados, torturados, calcinados, cadáveres profanados…

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Colima, México, Avanzada (06/11/2020).- En los primeros nueve meses del año 2020 se ha vivido una situación de horror en Colima, con un registro de 8 masacres, 12 descuartizados, 16 torturados, 5 calcinados y 64 profanaciones de cadáveres, de acuerdo con la organización Causa en común.

En el documento denominado “Galería del horror: Atrocidades registradas en medios periodísticos durante los primeros nueve meses de 2020”, Colima aparece con un total de 110 sucesos de este tipo, de un total de 3 mil 565 registrados en todo el país, en las que hubo 4 mil 484 víctimas.

“Para el presente trabajo, se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

Entre los conceptos utilizados se encuentran Asesinato de un alto número de personas o masacre: asesinato de tres individuos o más; Asesinato de personas vulnerables o de interés político: defensores de derechos y activistas de causas sociales o ecológicas; periodistas; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; funcionarios y actores políticos; Muerte, laceración o maltrato extremo: feminicidio agravado; Linchamiento o intento de linchamiento, profanación de cadáveres (fosas clandestinas y desintegración de cuerpos), mutilación, tortura, esclavitud, violación agravada o calcinamiento.

De acuerdo con el informe, hay un número mayor de víctimas que de noticias de atrocidades, puesto que estas últimas pueden referirse a sucesos que afectaron a varias personas (p. ej. una noticia sobre una fosa en la que hallaron restos de tres o más cadáveres).

También, hay un menor número de eventos que de víctimas, porque algunos hechos engloban a varias personas (p. ej. una masacre de varias víctimas).

“Dado que hay eventos en los que confluyen diversas características que forman parte de la definición de ‘atrocidad’, es inevitable la confluencia o el traslape entre algunas de ellas. Por ello, independientemente del número de víctimas, en cada evento se contabilizan por separado cualquiera de las características ya enunciadas.

“Por ejemplo, el 18 de enero de 2020, fue torturado y asesinado un niño de cinco años, fue torturado su hermano de 15 años, y fue asesinada y descuartizada su hermana de 18 años en Huimanguillo, Tabasco. En total, se contabilizan tres víctimas, pero cuatro atrocidades: dos casos de tortura, un caso de asesinato de menor de edad y un caso de descuartizamiento”.

A diferencia de Colima, donde hubo 110, los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Guanajuato (con 296), seguido por Chihuahua (con 172), Guerrero (con 140), Michoacán (con 137) y Baja California (con 130).

Los estados con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron Durango (con 14); Querétaro (con 13); Aguascalientes (con nueve); Yucatán, Campeche y Nayarit (con tres cada uno) y Baja California Sur (con dos).

Los estados con más víctimas de atrocidades registradas, fueron Guanajuato (con 768), Jalisco (con 374), Michoacán (con 341), Chihuahua (con 304) y Guerrero (con 283). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 12), Nayarit (con 10), Baja California Sur (con seis), Campeche (con tres) y Yucatán (con dos).

En síntesis, los registros de eventos catalogados como atrocidades abarcan todo el país, concentrando el mayor número en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Los estados con el menor número de registros de atrocidades fueron Baja California Sur, Campeche, Yucatán, Nayarit y Aguascalientes. Al igual que con el resto de las entidades, habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

“Hay estados en los que hay una clara correspondencia entre la estadística delictiva y registros de atrocidades. Por ejemplo, Guanajuato encabeza el número de asesinatos en el país (incluidos policías), y también el listado de atrocidades registradas por la prensa”.

Las principales atrocidades registradas por medios periodísticos fueron profanación de cadáveres, especialmente en Jalisco (donde se registraron 162 víctimas); tortura, principalmente en Michoacán (con 63 víctimas); masacres, particularmente en Guanajuato (con 141 casos); descuartizamiento, especialmente en Guanajuato (con 85 víctimas); y calcinamiento, en particular en Baja California (con 58 víctimas). En el periodo se presentó un alto número de asesinato de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato, con 41 víctimas. 

Las conclusiones de Causa en común indican que este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas.

“Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”.

A juicio de la organización civil es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo.

A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

“Los puntos anteriores implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y

comunidades debe tener una traducción social e institucional. Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan carencias que resultan en bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes”.

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