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El sospechoso destino de miles de millones de pesos en el gobierno de José Ignacio Peralta

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Colima, México, Avanzada (15/10/2020).- A lo largo de su administración, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ha dado un destino sospechoso a más de 3 mil 650 millones de pesos, que a pesar de encontrarse presupuestados no se les dio el uso previsto y se ignora su paradero.

El monto mayor corresponde al de los aguinaldos de los trabajadores, de alrededor de 600 millones de pesos anuales, que a lo largo de un lustro se han volatizado antes del fin de cada año y el gobierno estatal se ha visto obligado a solicitar adelanto de participaciones al gobierno federal, a pesar de que esa cantidad ya se encontraba considerada en el presupuesto general de egresos.

Por lo tanto, la suma de esos recursos presuntamente desviados a un propósito desconocido, totaliza 3 mil millones de pesos por los cuales el mandatario tendría que ofrecer una explicación convincente del uso que les dio su gobierno y los fundamentos legales esgrimidos para hacerlo.

A lo anterior se añaden 450 millones de pesos que el gobierno estatal ha dejado de entregar durante esta administración al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), que han hecho crecer la deuda histórica del Poder Ejecutivo con ese organismo.

Otro monto económico del que se desconoce su paradero es el crédito por 200 millones de pesos solicitado por Peralta Sánchez para la supuesta compra de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar, ubicadas por la Calzada Galván, que según se descubrió después por una investigación periodística de Avanzada, fueron una donación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al gobierno estatal.

Las sumas anteriores arrojan un total de 3 mil 650 millones de pesos cuyo destino tendría que ser esclarecido por Peralta Sánchez antes de irse. ¿A dónde fueron a parar los 3,000 millones presupuestados para pago de aguinaldos? ¿Qué pasó con los 450 millones de pesos no enterados al Ipecol, a pesar de que una parte le fueron retenidos a los trabajadores de su propio salario y la otra estaba presupuestada desde el principio? Y finalmente, ¿qué hizo el gobernador con los 200 millones de pesos que con engaños solicitó al Congreso para comprar un inmueble que en realidad fue regalado?

El órgano fiscalizador del estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen una gran responsabilidad en la revisión de las cuentas del gobierno estatal y en la sanción al gobernador en caso de que no logre justificar el manejo de esos recursos. De entrada, el hecho de que hubiesen sido utilizados para otras necesidades del estado ya constituye una irregularidad que configura el desvío de recursos de manera ilegal, aunque lo peor sería que ese dinero se hubiese escabullido por el caño de la corrupción.

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