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Gobernador pagará deuda a Pensiones con inmuebles públicos y abonos

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Colima, México, Avanzada (12/10/2020).- En la última década, el Gobierno de Colima adeuda por concepto de pensiones para los trabajadores poco más de mil 250 millones de pesos, de los cuales, 405 millones corresponden a la actual administración de Ignacio Peralta Sánchez y el resto a sus antecesores.

El pasado viernes, durante su informe de labores, el secretario general del Sindicato de Gobierno, el ex diputado priista, Martín Flores Castañeda informó que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez adeuda 405 millones de pesos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos.

Señaló que el sindicato llegó a un acuerdo con el mandatario estatal y éste se comprometió a liquidar los pasivos antes del 31 de octubre de 2021, cuando concluya su gobierno.

El sindicalista dijo que para cumplir con el compromiso, el gobierno cubrirá 140 millones de pesos a través de un procedimiento administrativo con los inmuebles del gobierno del estado.

En tanto, otros 160 millones de pesos, el gobierno de Peralta los pagará en un plazo máximo de 12 meses, y el pago de los 105 millones de pesos restantes para cubrir los 405 millones de adeudo, se acordarán en la siguiente reunión del Consejo de Administración de IPECOL.

Además de ese adeudo de 405 millones de pesos, el 19 de abril de 2018, el dirigente sindical Martín Flores Castañeda dijo que el gobernador reconoció que el gobierno del estado tenía un adeudo con la dirección de Pensiones de 800 millones de pesos que se deberían cubrir en un plazo máximo de 15 años.

Ese adeudo corresponde a gobiernos anteriores al de Peralta Sánchez, sin embargo, no existe ninguna investigación para saber las causas del desfalco.

El pasado 24 de junio, diputados de Morena, presentaron una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de los funcionarios estatales y municipales que resulten responsables del presunto desvío de más de 700 millones de pesos que debieron entregar al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado por concepto de cuotas de los trabajadores.

El 21 de diciembre de 2018, los diputados locales adicionaron el artículo 233 BIS  del Código Penal del Estado  para establecer que el servidor público tiene un periodo máximo de dos meses para entregar las cuotas de los empleados a partir de la fecha en la que hizo el descuento.

De no hacerlo, entonces se estaría incurriendo en un delito. El artículo 233 BIS menciona que la pena mínima sería: “de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización”

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