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Nacho: Pasos en la azotea

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EDITORIAL.

El anuncio del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que mandará auditar la banca de desarrollo, esto es, al Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras), debe haber puesto nerviosos a más de un gobernador, entre ellos el de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

Una auditoría seria y profunda podría sacar a relucir los malos manejos crediticios realizados por Peralta, quien al menos en uno de los casos se endeudó con 200 millones con el pretexto de que su administración compraría las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar, inmueble que en realidad recibió como donación.

Ordenada desde el gobierno federal, la auditoría indudablemente pondría al descubierto aquellas anomalías que no ha visto o no ha querido ver el delegado de Banobras en Colima, quien con su tibieza, negligencia y hasta una presunta complicidad ha permitido que el gobernador del estado vulnere las leyes y la normatividad crediticia en general, incumpliendo el uso acordado para los financiamientos recibidos.

Así como el exgobernador Mario Anguiano Moreno por el mal manejo de un crédito fue sancionado con una multa de 515 millones de pesos, que de no pagar tendría que ir a dar directamente a la cárcel, el mandatario José Ignacio Peralta debería correr la misma suerte frente a la gravedad de su actuación en el caso de los 200 millones de pesos cuyo destino se desconoce.

Tal vez por esa razón el gobernador Peralta ha sido omiso en su obligación de cobrar la deuda multimillonaria que tiene su antecesor con las arcas públicas, pues seguramente ve en ello el reflejo de un destino que podría verse obligado a enfrentar en carne propia en un plazo no muy lejano.

Frente a la inoperancia de las instancias fiscalizadoras locales, que al parecer no han tenido la capacidad para enjuiciar y procesar como se merece a Peralta Sánchez por ese crédito que inclusive escandalizó al mismísimo Mario Anguiano, la opción que se tiene a la vista es que sean las instituciones federales las que indaguen y sancionen los presuntos actos de corrupción del actual mandatario.

Sin embargo, va a depender del empuje y la vigilancia de la sociedad el que realmente se pueda hacer justicia tanto en el caso de Anguiano como el de Peralta, pues ya es justo que en Colima los gobernantes no se vayan impunes de los abusos y malos manejos que se les han probado con creces.

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