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El gobernador rompió acuerdos con organizaciones en nombramientos de magistrados

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Colima, México, Avanzada (25/07/2018).- Organizaciones sociales anunciaron la promoción de juicios de amparo contra el procedimiento utilizado por los poderes Ejecutivo y Legislativo para el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y un comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (Infocol).

Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), señaló que el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y el Congreso del Estado implementaron un proceso antidemocrático y violaron criterios de la ONU para este tipo de nombramientos, que recomienda métodos abiertos de selección.

Además de Naranjo, este día se congregaron frente al Congreso del estado Rodrigo Marmolejo González, Guillermo Gómez Espinosa, Sergio Ochoa González y Sean Osmin Hamud Ruiz, presidentes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, de la organización ¿Cómo Vamos? Colima, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y de la Canacintra en esta ciudad, quienes denunciaron que los nombramientos no fueron transparentes para la sociedad.

Rodrigo Marmolejo mencionó que desde febrero pasado, después de la aprobación y publicación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Colima, la Ley de Justicia Administrativa y ordenamientos adyacentes, diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron con el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores Arias, para solicitarle que interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante esas leyes, pero a pesar de que el funcionario expresaba ante ellos una opinión favorable a la interposición de ese recurso, jamás lo hizo y una vez vencido el plazo dejó de tomarles las llamadas.

De acuerdo con Efraín Naranjo, en los términos que quedaron las leyes dejaron en manos del gobernador la posibilidad de intervenir en el nombramiento de titulares e integrantes de esas instituciones, lo que “equivale a permitir que un procesado pueda nombrar al policía que lo vigilará y al juez que podría enjuiciarlo”.

Esta situación, manifestó el activista, es violatoria de tratados internacionales sobre justicia y derechos humanos firmados por México.

Sin embargo, narró Marmolejo que posteriormente se sostuvieron varias reuniones con el gobernador y el secretario general de Gobierno para hacerles ver que, a pesar de lo estipulado en la ley, un proceso público y transparente en las designaciones de magistrados, comisionado y fiscales fortalecería la credibilidad y confianza del propio Sistema Estatal Anticorrupción.

No obstante, a pesar de que el gobernador se manifestó a favor de la propuesta y de tener disposición de colaborar con el Comité de Participación Ciudadana para que esto se llevara a cabo, las designaciones fueron realizadas contraviniendo los acuerdos de parte del jefe del Ejecutivo.

Declaró que desde hace varios meses se trabajó en el tema por distintos medios, pero ante la negativa y el rompimiento de todos los acuerdos hechos, las organizaciones se vieron en la necesidad de denunciar la ausencia de un proceso público y transparente,lo que va en detrimento de las instituciones y del combate a la corrupción.

“Es preciso que los perfiles de aquellas personas que vayan a perseguir los actos de corrupción tengan los méritos y capacidades necesarias, sean electos a través de un proceso público, transparente y con máxima publicidad, solo de esta forma podremos fortalecer la participación ciudadana y recobrar la confianza en las instituciones”, añadió Marmolejo.

Indicó que las organizaciones continuarán trabajando para consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción fortalecido, además de que interpondrán los recursos legales necesarios en busca de organismos más consolidados.

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