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Caso Mario Anguiano: El endeble argumento del gobierno estatal

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EDITORIAL

Para ocultar la información sobre el proceso de cobro de los 515 millones de pesos de la multa que el Congreso local impuso al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el Gobierno estatal argumenta que no puede entregar la información porque violaría el debido proceso debido a que el caso no ha causado estado.

Sin embargo, se trata de un endeble argumento porque en realidad el caso de Anguiano ya causó estado desde que el exmandatario recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esta instancia ni siquiera le admitió el recurso.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Planeación y Finanzas señaló recientemente que el procedimiento administrativo de ejecución de la multa de 515 millones de pesos contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno debe reservarse, pues de entregarse la información se violaría el debido proceso para el sancionado.

Indicó que al reservar la información se cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cuyo artículo 114 establece que se considerará información reservada aquella que se encuentre sustraída temporalmente del conocimiento público por determinación de los sujetos obligados, misma que podrá declararse en los casos y modalidades establecidas en esta ley.

Bajo esa consideración, explicó, la divulgación de la información a terceros, relacionada con el procedimiento administrativo de ejecución instaurado por la Seplafin generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público, siendo el riesgo de entregar la información mayor que las ventajas de su difusión, afectando los derechos del debido proceso y vulnerando la conducción de este procedimiento en tanto no haya causado estado.

Enseguida, la Seplafin citó artículos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para tratar de sustentar que se trata de información confidencial, así como el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual “reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria, caso en el que evidentemente se encuentra este procedimiento de cobro”.

No deja de llamar la atención la manera como el gobierno estatal trata de llevar este asunto en secreto, a escondidas de la mirada de los ciudadanos, con razones que serían, por lo menos  debatibles.

En un momento cuando ya todas las instancias establecieron que Anguiano Moreno debe pagar por el manejo irregular de recursos en su administración, cuando eso ya no está a discusión, ¿en qué puede afectar al debido proceso que el gobierno estatal informe cuántos requerimientos de pago ha realizado, si inició algún proceso de embargo de bienes u otra acción? ¿O es que no se ha hecho nada al respecto y no hay nada que informar, y pretenden dejar que concluya el sexenio e irse sin cumplir su responsabilidad?

Si de verdad el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez tuviera vocación por el respeto de los debidos procesos, por ejemplo, no habría dado a conocer en su momento que había iniciado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un procedimiento para anular la concesión de la caseta de Cuyutlán, asunto del que informó públicamente de manera detallada.

¿En ese caso no le preocupó al gobierno estatal violar el derecho al debido proceso de la empresa concesionaria? ¿O decidió hacerlo público porque le redituaría bonos políticos al gobernador Peralta?

Lo cierto es que el asunto de Mario Anguiano es de indudable interés público y existe información sobre procedimientos que puede difundirse sin dañar el proceso, lo que daría certeza a la sociedad sobre las acciones que se pueden hacer en su beneficio.

La población merece y necesita saber lo que se está haciendo para cobrarle a un ex servidor público que defraudó la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

La opacidad, en éste como en muchos otros casos, sólo genera dudas y sospechas de posibles arreglos inconfesables entre las cúpulas del poder, situación que sólo podría hablar de un pacto de impunidad entre el exgobernador Anguiano y el actual mandatario Peralta.

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