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Cada recluso cuesta 67 mil pesos a los colimenses

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Colima, México, Avanzada (12/08/2020).- En Colima, cada uno de las personas recluidas en los Centros de Readaptación Social tienen un costo anual de 67 mil 646 pesos, que incluye la alimentación durante los 365 días del año y servicios de salud.

En el Cereso de Colima, hasta el 2019 había mil 128 personas privadas de su libertad, de las cuales, mil 67 son hombres y 61 son mujeres.

La información anterior muestra que al año, la manutención de los mil 128 reclusos del Cereso capitalino le cuesta a la población, 76 millones 304 mil 688 pesos.

Además, los datos de readaptación social refieren que en la entidad, 3.5 de cada 10 reos que salen libres, reinciden en la comisión de delitos y reingresan al centro penitenciario.

Los datos anteriores se desprenden de las estadísticas sobre el sistema penitencial en México, elaborado por el INEGI en el 2016, que corresponden a los datos más actuales que ese organismo tiene registrados.

En los costos anuales de las personas recluidas de la libertad, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es de 71 pesos con 798 centavos.

El estado que más gasta en sus reos es Yucatán con un costo anual por recluso de 164 pesos, y un costo diario de 449 pesos.

En contraste, cerca de 3 mil adultos mayores de entre 60 y 64 años de edad, que viven en pobreza, reciben una pensión bimestral de mil 167 pesos por parte del gobierno del estado, es decir, 38.66 por día, mientras que un reo que se encuentra en una cárcel de la entidad cuesta cinco veces más: 187 pesos diarios.

LA ADECUADA REINCERSIÓN SOCIAL

El documento del INEGI establece que el tiempo que los delincuentes y presuntos delincuentes tienen que pasar en prisión debe ser usado constructivamente para asegurarse que, cuando regresen a la sociedad, serán capaces de vivir una vida respetuosa de la ley. Por ello, la población reclusa debe realizar actividades que desarrollen sus habilidades mientras viva en la cárcel.

Refiere que para alcanzar este objetivo, una de las condiciones básicas es contar con la infraestructura apropiada que permita impartir actividades orientadas a la reinserción social.

Explica que si bien las prisiones ofrecen espacios y actividades encaminadas a la reinserción social, esto no es garantía de una adecuada reincorporación a la sociedad.

El INEGI menciona que algunos investigadores del sistema penitenciario sostienen que encontrar y mantener un trabajo legítimo puede reducir las posibilidades de reincidencia de los ex prisioneros, y entre mejor la paga, menos probabilidades de que las personas retornen al crimen. Pero la estancia en la cárcel lo dificulta porque mientras viven en los centros penitenciarios pierden habilidades laborales y tienen pocas oportunidades de ganar experiencia útil para el trabajo.

Entre 2014 y 2016, las prisiones estatales registraron una tasa de reincidencia promedio de 15%; 65 mientras que 9% de los delitos fueron por reingresos.

La legislación mexicana considera servicios pospenales que deberán establecer centros de apoyo “a fin de prestar a los liberados, externados y a sus familiares el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y evitar la reincidencia, sin embargo, el INEGI expresa que hasta el 2016, la mitad de los estados del país no contaban con este programa de seguimiento.

El documento también menciona  que los reclusos tienen derechos humanos que se deben respetar, “brindar condiciones de internamiento digno y seguro constituye un requisito fundamental para alcanzar dicha aspiración”. Sin embargo, debido a su pérdida de libertad se convierten en sujetos con mayor probabilidad de sufrir violaciones a estas garantías.

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