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Nacho, el sello autoritario

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EDITORIAL.

A poco más de un año de entregar el poder, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez exhibe cada vez más un rostro autoritario que podría marcar el final de su administración, en lo que parece un vano intento por hacer respetar su gobierno, pero lo que podría lograr es cada vez un mayor rechazo de la población.

En menos de un mes, el mandatario ha mostrado al menos tres rasgos de endurecimiento de su gobierno, el primero de ellos el pasado siete de julio, cuando envió la Policía Estatal a resguardar a los diputados que estaban a favor de su iniciativa de aprobación de un crédito por 740 millones de pesos y a reprimir y golpear a diputados y ciudadanos que se manifestaron en contra de esa propuesta.

De esa manera, con el uso de la fuerza pública Nacho logró su propósito de que se le aprobara el nuevo crédito, pues no tuvo la capacidad de convencer con argumentos a todos los legisladores. 

Posteriormente, el sábado pasado el gobernador Peralta Sánchez utilizó a la Policía Estatal para desalojar a un grupo de ciudadanos que desde varias semanas antes habían instalado un plantón afuera de la Casa de Gobierno, con una serie de reclamos sobre todo en materia de justicia.

Sin el ánimo de atenderlos, el mandatario prefirió usar la fuerza pública contra estas personas, en lugar de escuchar sus demandas, como la del padre del adolescente Josué, quien fue asesinado en la casa del exsecretario de Turismo, entre otros casos irresueltos hasta ahora.

Otro cariz represor de José Ignacio Peralta se dejó ver este martes 5 de agosto, cuando envió al Congreso del estado una ley para castigar hasta con 36 horas de arresto a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas en la vía pública, como una medida para tratar de remendar los fracasos de su gobierno en el diseño de una verdadera estrategia efectiva e integral contra el covid-19.

Según el titular del Ejecutivo, la obligatoriedad de usar cubrebocas no sustituye las medidas adicionales dictadas por la autoridad sanitaria como es el resguardo domiciliario y solo salir por razones esenciales o de emergencia.

Así también, continúa la medida de sana distancia de dos metros de otras personas, las recomendaciones de que al toser o estornudar cubrirse con el ángulo interno del brazo, el evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos y cara en general y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, así como usar gel antibacterial y demás medidas sanitarias que haya emitido o emita la autoridad sanitaria correspondiente.

El gobernador puntualizó que cuando alguna persona se rehúse a portar cubrebocas en los términos señalados en este artículo o incurra en actos de violencia por este motivo, la autoridad competente podrá aplicar las sanciones previstas en esta Ley de conformidad al procedimiento que en ésta se señala, así como en lo previsto por la demás normativa que resulte aplicable.

Las infracciones a esta Ley serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias competentes, y en su caso, por el Juez Cívico correspondiente, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito.

Las sanciones a las que se podrán hacer acreedoras las personas que incumplan con esta Ley, contemplan amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total y arresto hasta por treinta y seis horas.

Estas medidas coercitivas y represivas en nombre del combate al covid-19 no tendrían razón de ser si el gobierno estatal contara con la credibilidad y el respeto por parte de la población, pero al no gozar de lo anterior el mandatario es incapaz de convencer a la ciudadanía de protegerse y proteger a los demás.

Con sus medidas autoritarias, lo único que muestra la administración peraltista es que ya se dio cuenta del desvanecimiento de una gobernabilidad que nunca tuvo en sus manos, como consecuencia de las omisiones, desvíos y ausencias, por decir lo menos, en que incurrió el gobernador.

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