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La SCJN inhabilitó a Rafael Mendoza; se incumplió la sentencia y ahora quiere ser gobernador

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Colima, México, Avanzada (31/07/2020).- En 2016, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, fue acusado de haber participado de manera ilegal en la elección extraordinaria de gobernador, a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Después de dos años en los que perdió los procedimientos en diversos niveles, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Mendoza debía ser destituido del cargo e inhabilitado, ninguna instancia de Colima cumplió la sentencia y el alcalde entonces panista se dio el lujo de asumir por un nuevo trienio la alcaldía, luego de que ganó una nueva elección.

Y por si fuera poco, el edil —que recientemente renunció a su militancia en el PAN, inconforme por la aprobación del crédito por 740 millones al gobernador— anunció que a principios de 2021 solicitará licencia al puesto de alcalde para buscar una candidatura a gobernador.

En agosto de 2018, con una votación dividida de 3 contra 2 la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que había razones legales suficientes para destituir e inhabilitar a Mendoza tras calificar como procedente pero infundada la controversia constitucional 68/2017, interpuesta por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc contra las conclusiones del juicio político instaurado por el Congreso local el 25 de febrero de 2017, mediante el que se resolvió destituir e inhabilitar por siete años al presidente municipal de ese lugar.

Cuando la SCJN tomó esa decisión, a Rafael Mendoza le faltaba menos de un mes para concluir el periodo de alcalde para el que había sido electo, pero la aplicación de la sanción le habría impedido tomar posesión de la alcaldía por un nuevo periodo consecutivo, luego de su reelección en los comicios de julio previo.

De acuerdo con la denuncia original en su contra, el alcalde habría violado la normatividad electoral al realizar proselitismo en comunidades de su municipio a favor del candidato del blanquiazul, Jorge Luis Preciado Rodríguez, los días 9 y 11 de enero previos.

En su sentencia SER-PSD-6/2016, la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que con su actuación Mendoza Godínez violentó principios constitucionales, por lo que instruyó al Congreso de Colima a “proceder conforme a derecho”.

El alcalde había argumentado durante el procedimiento que acudió a los actos de proselitismo en su calidad de ciudadano, pues en ese tiempo había solicitado una licencia sin goce de sueldo, pero el TEPJF consideró que al haber invocado durante su mensaje el cargo de presidente municipal, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

Así también, el alcalde fue sometido al juicio político 14/2016, cuyo resolutivo fue presentado por la Comisión de Responsabilidades ante el pleno del Congreso local, que se erigió en Jurado de Acusación, y avalado por 17 de los 18 diputados presentes, incluidos tres panistas, en tanto que siete legisladores panistas no asistieron, entre ellos el coordinador del grupo parlamentario, Luis Humberto Ladino Ochoa y la exsenadora Martha Leticia Sosa Govea, esta última con justificación.

El alcalde Rafael Mendoza interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito el juicio de amparo indirecto 306/2017 en contra del Congreso del Estado, la Comisión de Responsabilidades del Congreso; el Supremo Tribunal de Justicia y el Cabildo Municipal de Cuauhtémoc, a la vez que el Ayuntamiento de ese lugar promovió la controversia constitucional ante la SCJN.

El juicio de amparo fue sobreseído por el juzgado y, después, esa decisión fue confirmada en enero de 2018 por el Tribunal Colegiado de Circuito 32. Tras la decisión de la Segunda Sala de la SCJN de considerar infundada la controversia constitucional, se agotaron las instancias para el alcalde de Cuauhtémoc, por lo que se esperaba que una vez que fuera notificado el Congreso del Estado de esta sentencia, se turnara el decreto del juicio político al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que éste, erigido en jurado de sentencia, le impusiera las sanciones establecidas.

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