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Un exceso de la Contraloría reservar la información hasta 2024: Diputado

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Colima, México, Avanzada (03/07/2020).- El presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, Francisco Rodríguez García  consideró un exceso que la Contraloría General del Estado haya reservado hasta el 2024, toda la información relacionada con las investigaciones que lleva a cabo por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

El legislador manifestó que deberán buscarse los argumentos legales que utilizó el órgano fiscalizador interno del Gobierno del Estado, sin embargo, sentenció que desde su perspectiva, la Contraloría lo que tendría que haber hecho es elaborar versiones públicas sobre los procesos de auditorías en los cuales se omitieran datos que podrían poner en riesgo al presunto implicado o el debido proceso.

Insistió que se debe revisar la decisión de la Contraloría General del estado para reservar la información y a partir de ahí, conocer las acciones que su comisión podría llevar a cabo para poder combatir la reserva que impide que los ciudadanos puedan conocer dicha información hasta el 2024, dos años después de que termine el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.

Cabe recordar que la administración estatal tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 5 mil millones de pesos y es la Contraloría estatal la encargada de darle seguimiento a los procesos con la finalidad de recuperar recursos para la hacienda federal o de lo contrario, que las dependencia o funcionarios señalados subsanen las observaciones hechas por la ASF.  

En la página de trasparencia del Gobierno del Estado, se encuentra el apartado de información reservada por la administración estatal y en ella, aparece la decisión de la Contraloría de no hacer pública  “la totalidad del contenido de los expedientes de auditorías internas y externas, federales o estatales no concluidas, así como los informes y dictámenes que de estos se desprendan”.

Tampoco se podrá informar sobre la totalidad del contenido de los procedimientos de investigación administrativa tramitados de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, salvo que la información sea solicitada por las partes legitimadas.

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