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Colima “esconde” información sobre las auditorías hasta el 2024

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Colima, México, Avanzada (30/06/2020).- Conocer el destino final de los recursos observados por presuntas irregularidades y las sanciones impuestas a funcionarios estatales no será tan fácil, debido a que la Contraloría Estatal determinó que esa información se hará pública hasta el 2024, tres años después de que haya concluido el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.

Dentro de la información reservada, la Contraloría clasificó los resultados de las auditorías estatales y federales no concluidos, así como los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios públicos.

Las personas interesadas  en conocer la forma en la que el gobierno estatal utiliza los recursos, tampoco tendrá acceso a los expedientes o investigaciones que el propio órgano fiscalizador  promoviera en contra de funcionarios estatales.

En la página de trasparencia del Gobierno del Estado, se encuentra el apartado de información reservada por la administración estatal y en ella, aparece la decisión de no hacer pública  “la totalidad del contenido de los expedientes de auditorías internas y externas, federales o estatales no concluidas, así como los informes y dictámenes que de estos se desprendan”.

Tampoco se podrá informar sobre la totalidad del contenido de los procedimientos de investigación administrativa tramitados de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, salvo que la información sea solicitada por las partes legitimadas.

No es lo único, también se ocultará hasta el 2024, la totalidad del contenido de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la totalidad del contenido de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados.

Para reservar la información se argumentó que se busca proteger el debido proceso y no vulnerar los procedimientos administrativos.

Tan sólo en el 2018, el Gobierno del Estado tuvo observaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos federales por 4 mil 500 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La Contraloría Estatal es la  instancia encargada de darle seguimiento a los señalamientos de la ASF para aclarar las observaciones hechas en la fiscalización de los recursos. 

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