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Por desviar 700 MDP, Congreso denuncia al Gobierno Estatal, DIF, Colima y VdeA

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Colima, México, Avanzada (25/06/2020).- El Congreso del Estado presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de los funcionarios estatales y municipales que resulten responsables del presunto desvío de más de 700 millones de pesos  que debieron entregarse al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado por concepto de cuotas de los trabajadores.

El miércoles por la tarde, un grupo de legisladoras de Morena acudieron a la Fiscalía General junto con el director jurídico del Congreso local, Alberto Vázquez a presentar las querellas correspondientes, por el riesgo en el que se encuentra el sistema de pensiones ante la falta de solvencia económica.

Las denuncias interpuestas también son en contra de la propia Fiscalía, quien junto con el gobierno del estado, el DIF estatal y los municipios de Colima y Villa de Álvarez, tienen adeudos con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos  desde hace varios meses y no hay fecha para que los liquiden.

Las legisladoras de Morena, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Claudia Aguirre y  del PT, Ana Karen Hernández  fueron las promoventes de las querellas, en las que también están implicados el actual director del Instituto de Pensiones y el ex director, Hamín Lagaspi Soto y Edgar Chávez Sánchez, a quienes se les responsabiliza de no haber acatado las disposiciones legales para recuperar las cuotas de los burócratas estatales y municipales.

La diputada Claudia Aguirre Luna afirmó que las denuncias interpuestas la tarde de ayer forman parte de un primer paquete, pero existen más deudores al IPECOL,  “posteriormente se vendrá a hacer entrega también de otro paquete en el mismo sentido. Aquí de lo que se trata, es de que se esclarezca la situación”.

En el caso del gobierno del Estado, los funcionarios responsables de la retención de cuotas de los trabajadores y el pago de las mismas, son los secretarios de Administración, Kristian Meiners y el de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García.

El 21 de diciembre de 2018, los diputados locales adicionaron el artículo 233 BIS  del Código Penal del Estado  para establecer  que el servidor público tiene un periodo máximo de dos meses para entregar las cuotas de los empleados a partir de la fecha en la que hizo el descuento.

De no hacerlo, entonces se estaría incurriendo en un delito. El artículo 233 BIS menciona que la pena mínima sería: “de cuatro  a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización”.

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