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Colima, llegan al poder con dinero del narco

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Colima, México, Avanzada (20/06/2020).-  A menos de un año para las próximas elecciones constitucionales, el narcotráfico y la violencia han intensificado su marca en Colima. Asesinatos, desapariciones, robos, narcofosas, extorsiones… mantienen el terror entre la sociedad de cara al cambio de poderes. 

La indiscutible presencia del narcotráfico en Colima desde décadas atrás, la disputa que mantienen los grupos criminales por el control del puerto de Manzanillo –en donde entran y salen toneladas de drogas-, así como los gastos excesivos que se dan durante el proselitismo, son sólo indicios de las “amistades” entre políticos y narcos.

Las amenazas contra gobernantes que han aparecido en “narcomantas” a lo largo de algunos años tampoco se pueden ignorar, mucho menos los atentados.  Asesinatos y desapariciones de al menos una decena de políticos locales cimbran las especulaciones de supuestos nexos con los cárteles de la droga. Sin que ello sea cierto –o que al menos se haya respaldado oficialmente-, sí se ha reconocido que en el homicidio de la mayoría ha tenido el tufo del narcotráfico.  

Investigaciones de los sistemas de seguridad en el país han apuntado a vínculos de políticos colimenses con líderes de los cárteles. El panista Jesús Dueñas Llerenas, el líder de Movimiento Ciudadano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, alcalde de Colima; y los priistas Elías Zamora Verduzco, Fernando Moreno Peña y Mario Anguiano Moreno, exgobernadores de la entidad; son algunos de los nombres que se han señalado en informes policiales. 

También existen señalamientos directos por parte de otros actores políticos. En múltiples ocasiones el panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, actual diputado federal, ha denunciado públicamente la presencia de dinero ilícito en las campañas en la entidad. En 2015, siendo candidato a la gubernatura, aseguró que estaba compitiendo en una “narcoelección”, acusando que las campañas del PRI eran financiadas con dinero “sucio”.

Para llegar a ocupar un cargo muchas veces se requiere de dinero.  El uso de recursos tanto público como privados en campañas está regulado por las autoridades electorales, por lo que buscan por otro lado para ganar. Tal vez algunos han usado y usarán dinero clandestino, que no se ve, ilegal; quizá actores políticos aprovecharán el dinero del narco, lo que los compromete con el crimen organizado. 

El analista y expresidente del máximo órgano electoral en el país, Luis Carlos Ugalde, ha manifestado que existen indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas, sobre todo en pequeñas localidades del país. Cuando presentó el estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, el extitular del disuelto Instituto Federal Electoral, advirtió que hay municipios donde todos los recursos que se gastan ilegalmente en las campañas provienen del crimen organizado.

A menos de doce meses de distancia de que se celebren las elecciones el domingo 06 de junio de 2021, se escuchan posibles candidatos y protagonistas políticos que han sido señalados por supuestos acercamientos con narcos, por ser “narcoamigos” de los capos, por haber recibido dinero ilegal en sus campañas electorales. 

LOCHO Y SU EXTRAÑO AMIGO

A más de tres lustros, la sombra del narcotráfico no ha sido borrada del historial del actual presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez.  De cara a las elecciones de julio de 2006, se difundió en los medios de comunicación local un documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que daba cuenta de un presunto vínculo entre políticos panistas y el narcotraficante Germán Torres Anguiano, lugarteniente de Ignacio Coronel, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa.

El informe, citado por la revista Proceso, en su número 1754,  refería que Torres Anguiano apoyó las campañas de los panistas colimenses Jesús Dueñas Llerenas y Martha Leticia Sosa Govea, para el Senado; y la de Leoncio Morán Sánchez, como candidato a la presidencia municipal de Colima para el periodo 2006-2009. 

El documento señalaba que cuando fue presidente de Villa de Álvarez, Jesús Dueñas otorgó al narcotraficante las licencias municipales para la construcción y posteriormente de operación del restaurante Marino Corps y del boliche La Pirámide; además entregó licencia de construcción del “Megapalenque”, y dejó arreglado con su sucesor en la presidencia municipal, el también panista Felipe Cruz Calvario, que se autorizara la licencia de operación correspondiente.

En otra parte, apuntaba: “Germán Torres Anguiano (un narcotraficante buscado por delitos contra la salud por la DEA) financia las actividades políticas de los señores Jesús Dueñas Llerenas, Enrique Michel Ruiz, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Leoncio Morán y Martha Leticia Sosa Govea”. 

“Leoncio Alfonso Morán Sánchez, diputado panista, fue vicepresidente (2001-02) de la Canaco y de ahí pasó a la alcaldía de Colima (2003-06). Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional difundido en julio de 2009, en su campaña por la presidencia municipal, Morán y otros representantes populares, entre ellos el senador panista Jesús Dueñas Lleneras, evidenciaron vínculos con el narcotraficante Germán Torres Anguiano, quien habría apoyado las campañas políticas panistas con 800 mil dólares en 2003”, escribió la revista al citar el informe oficial.

Citando al Cisen, la publicación expuso que el capo de la droga había pagado el alquiler de una avioneta que en diciembre de 2003 sobrevoló Isla Navidad, con una manta en la que denunciaba fraude electoral en la elección de Locho Morán. Aunque el integrante de Movimiento Ciudadano negó vínculos, la revista señaló que, a petición del entonces senador Jesús Dueñas, Germán Torres pagó la renta de la avioneta propiedad de Leoncio Morán, padre de Locho; y que los 300 mil pesos de la renta los habría recibido Enrique Michel, quien los habría pagado a Leoncio Morán padre. 

En 2010, el entonces dirigente del PRD en Colima, Francisco Rodríguez García, mantuvo que no era extraño que actores políticos como Leoncio Morán Sánchez estuvieran vinculados con el narcotráfico, “el tema del narcotráfico es un cáncer que nos ataca a todos y ahora yo creo que la responsabilidad concreta de Locho es así como estuvo exigiendo la transparencia yo creo que también él tiene que darlo”, apuntó en una rueda de prensa que dio.

Germán Torres Anguiano fue ejecutado el 07 de junio de 2006 dentro de un auto en un centro comercial de Zapopan, Jalisco; pero aún no han muerto las especulaciones, ni se han aclarado las sospechas, de los nexos que hubo en aquellos años y que podrían extenderse a la actualidad con personajes como el primo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez.

MOVIMIENTO CIUDADANO, EL IMPLICADO

Mientras, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, también integrante del partido Movimiento Ciudadano, fue investigado por el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

En agosto de 2016, luego de la detención del presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sergio Kurt Schmidt Sandoval, “El Pistola”, iniciaron los señalamientos del supuesto vínculo con los gobiernos de Enrique Alfaro, tanto por las acusaciones en contra del jefe de Gabinete tapatío, Hugo Luna Vázquez, así como por el historial laboral del hijo de éste, Kurt Schmidt Díaz, quien laboró en las dos administraciones municipales y campañas de Movimiento Ciudadano.

La detención de Sergio Kurt Schmidt preocupó o a muchos políticos y empresarios, citaron columnistas nacionales, porque se iban a revelar acuerdos que implicaban pactos inconfesables. El hecho provocó que el Ayuntamiento de Guadalajara iniciara un proceso para dar de baja a su hijo, Kurt Schmidt Díaz, a quien el Gobierno Federal identificó como uno de los principales operadores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, narcotraficante que opera principalmente en la región de Colima, Jalisco y Michoacán.

El identificado operador financiero del CJNG también estuvo en Colima, luego de que Movimiento Ciudadano le dio su respaldo a Leoncio Morán; lo que desató declaraciones públicas con la exigencia para diera una explicación sobre el origen de los recursos que fueron enviados a sus campañas.

Martha Zepeda del Toro, excandidata del PRD a la gubernatura, escribió al respecto en su cuenta de Facebook: “A propósito de los posibles vínculos del partido MC con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, creo sería Interesante indagar la fuente de financiamiento de una de las precampañas y campañas más ostentosa del proceso extraordinario en Colima, ´La de MC´.”

Arturo Dávalos Peñas, presidente municipal de Puerto Vallarta en 2016, sí reconoció haber conocido a Sergio Kurt Schmidt Sandoval. Durante una entrevista con medios de comunicación, negó haber tenido nexos con el presunto operador financiero del cártel durante su cargo como director de desarrollo social, pero acepó que sí lo conoció cuando tomó la presidencia municipal: “En una ocasión, al inicio, de mi administración se acercó como empresario y dijo que se dedicaba a las cuestiones de seguridad, que si queríamos patrullas ahí estaba dispuesto”, detalló.

Por otro lado, la periodista Anabel Hernández denunció en 2018 que Enrique Alfaro recibía “dinero de ellos a cambio de seguridad y de que los deje trabajar”, según se leía en el documento del DOJ, que exponía que gracias a ese dinero del narco usado en su campaña electoral, Enrique Alfaro logró ser alcalde del municipio de Tlajomulco (2009-2011). Al reporte se añadió un informe interno de la Secretaría de Marina, elaborado en 2014, también por vínculos con redes criminales, citando además al Cártel de Sinaloa.  

A la lista de los representantes del partido naranja acusados de recibir dinero del narcotráfico en campañas se sumaron los entonces candidatos al Senado por Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda e Indira Kempis Martínez, quienes fueron acusados por la asociación civil #QueSirvan. El 30 de mayo de 2018, un periódico de circulación nacional afirmó que el padre del acusado, el abogado fiscalista, Samuel García, era primo de Gilberto García Mena, “El June”, preso por narcotráfico en Tamaulipas, considerado líder del Cártel del Golfo en 2001.

ELÍAS Y SU AMIGO EL NARCO

Pero en Colima no sólo Leoncio Morán Sánchez ha sido señalado por recibir dinero del narcotráfico en sus campañas políticas. El priismo colimense también tiene un largo historial de gobernadores cuyos sexenios han sido marcados por las operaciones que realiza en la entidad el crimen organizado. Dentro de la lista se puede ubicar a Elías Zamora Verduzco, gobernador de la entidad (1985-1991). 

Múltiples reportes policiales e investigaciones periodísticas ubican la entrada del crimen organizado a Colima a principios de los años 80. A partir de entonces y principios del 2000 era llamado “el paraíso del narco”, a los capos de la droga se les veía “pasear” por aquí, incluso hubo quienes vivieron en algún rincón de la entidad. Algunos llegaron a Colima tras huir de Sinaloa luego de la llamada “Operación Cóndor”. 

Juan Manuel Salcido Uzeta, mejor conocido como “El Cochiloco”, fue uno de los capos que huyó tras ser perseguido por varios crímenes; llegó a la entidad, en donde vivió a partir de 1985 en el municipio de Coquimatlán, con el sobrenombre de “Pedro Orozco”. Aquí era visto por los habitantes como un próspero agricultor y ganadero, pero desde ahí operaba el negocio de las drogas.  

Durante el sexenio de Elías Zamora el narcotraficante vivió en el estado, desde donde continuó con el negocio del tráfico de estupefacientes. El narcotraficante organizaba fiestas en su rancho “Jayamita”, en Coquimatlán, a las que asistían empresarios y funcionarios públicos, entre ellos el mandatario estatal, quien llegó a decir que el capo que era “un benefactor del pueblo de Colima”.

“Es cierto que tenía una relación estrecha con el Gobernador Elías Zamora, pero con un fin táctico, porque nunca se involucró de más con la perrada grande de la política de Colima.” Escribió Osvaldo Mendoza en su artículo “El Cochiloco de Colima” (Vida y obra del capo). Además, en varias ocasiones la prensa registró encuentros amigables entre ambos. Manuel Salcido fue asesinado días antes de que Elías Zamora dejara la gubernatura. 

FERNANDO Y SUS VÍNCULOS

La llegada de Fernando Moreno Peña a la titularidad del Ejecutivo estatal en las elecciones de 1997, fue polémica. Más que porque hubiera posible dinero del narcotráfico en las campañas del priista, porque se hablaba de presuntos actos irregulares y desvíos de recursos de la Universidad de Colima –de la que era rector-, hacia su proselitismo político.

Sin embargo, conforme ha venido avanzando su carrera política, familiares han sido acusados y asesinados por posibles vínculos con el crimen organizado, incluso hay quienes han cuestionado su creciente fortuna, también ha sido señalado por posibles nexos con el narco y hasta sufrió un atentado que hicieron crecer las especulaciones de su posible relación con los cárteles de la droga.

Durante su sexenio, fue conocida la relación del narcotráfico entre Colima y Tamaulipas. La droga llegaba a Manzanillo y era trasladada al estado fronterizo para distribuir después la droga con Estados Unidos. En ese tiempo “Los Amezcua” operaban en la entidad. Y una vez que el priista culminó su periodo, en noviembre de 2003, la Procuraduría General de la República inició una averiguación previa para determinar si Fernando Moreno mantenía nexos con organizaciones de narcotraficantes.

Lo anterior luego de que se publicara un desplegado en diversos periódicos, el que relacionaban al político con los hermanos Amezcua y con Arellano Félix. El contenido exponía que había recibido dos millones de dólares por dejar en libertad a Ramón Arellano Félix en 1998. 

La publicación se adjudicó a Aurelio González López, quien subrayó que había diversos intereses que ligaban a los priistas Elías Zamora Verduzco, Roberto Chapula de la Mora, Fernando Moreno Peña y Gustavo Alberto Vázquez Montes, para seguir en el poder y proteger tanto a los Amezcua como a los Arellano Félix, quienes supuestamente patrocinaban con dinero sucio las campañas políticas.

Para mayo de 2013, el entonces senador, Javier Lozano, dijo que el entonces delegado del PRI, Fernando Moreno, tenía vínculos con ‘La Familia Michoacana’, al ligarlo con uno de los brazos armados de este grupo, el ‘Cártel de La Resistencia’, que peleó la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, los ex “Matazetas”.

Además, la relación con el narcotráfico también abrazó a su familia. Su sobrino Samuel Rodríguez Moreno, fue acusado por ser uno de los autores intelectuales del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, debido a la vinculación con el capo Gerardo Mendoza Chávez. Samuel fue asesinado con disparos de arma de fuego en enero de 2016. Antes, a principios de febrero de 2015, había sido asesinado otro sobrino de Moreno Peña, Carlos Amador Moreno, quien fue ejecutado mientras circulaba en su automóvil por el municipio de Villa de Álvarez. 

Ese año, previo a las elecciones locales, el entonces senador panista y candidato a gobernador de Colima, denunció que durante las campañas, Fernando Moreno Peña era el vínculo con el narcotráfico y pidió recordar que fue él quien coordinó las campañas del PRI en Michoacán cuando Fausto Vallejo ganó la gubernatura.

Meses después, el 12 de octubre de 2015, el exmandatario colimense sufrió un atentado mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos Campestre, en la capital del estado. Evento del cual logró sobrevivir a los cuatro disparos que recibió. 

MARIO Y SU FAMILIA “NARCA”

Otro exgobernador señalado por posiblemente haber recibido dinero del narcotráfico para sus campañas electorales, y que además tiene familiares procesados por nexos con el crimen, es Mario Anguiano Moreno. Desde que fue candidato a la gubernatura en 2009, se habló de estar inmiscuido en una narcoelección. 

El hermano del exmandatario, Humberto Anguiano Moreno, pasó siete años en la cárcel por vender metanfetaminas, y su primo Rafael Anguiano Chávez había sido arrestado en Los Ángeles, California, en 1997, donde encabezaba un cártel que distribuía metanfetaminas y cocaína de costa a costa, vinculado a los Amezcua Contreras.  Además, su prima Isaura Anguiano Chávez fue señalada por la PGR en 2009 de tener vínculos con el crimen organizado, principalmente en la exportación de minerales de hierro de manera ilegal en el puerto de Manzanillo.

Todo ello provocó que en las campañas electorales de ese año, se asegurara que el narcotráfico estaba inmerso respaldando con dinero candidaturas de aspirantes a presidencias municipales, a diputaciones federales y al gobierno del estado, estando detrás los cárteles de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de los hermanos Amezcua, quienes venían trabajando ilegalmente desde los gobiernos anteriores. 

Siendo todavía gobernador, en mayo de 2015, Anguiano Moreno reprobó la prueba del polígrafo –detector de mentiras-, cuando se le preguntó sobre vínculos con el narcotráfico.  El entonces coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera Ávila, pidió a las autoridades investigar los presuntos vínculos de Mario Anguiano con el narcotráfico. 

El legislador recordó que ante la prueba del polígrafo, terminó aceptando que Octavio García Salazar, su oficial mayor cuando fue alcalde de Colima, trabajó como administrador de 1999 a 2003, en el rancho “Ángeles del Infierno”, en Tecomán. La finca, llamada antes “Las Pilas”, perteneció al capo Rafael Caro Quintero.

Antes de que culminara su sexenio, el grupo delictivo Jalisco Nueva Generación mantenía el control de Colima, con miembros como José González Valencia, hermano del Abigael “El Cuini”, exoperador financiero de la organización y cuñado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del cártel; quien opera en Colima, uno de los lugares donde se especula que vive. 

NACHO Y LA NARCOELECCIÓN

Pasaron otros seis años y el tema en Colima fue el mismo: dinero del narcotráfico en las elecciones. El candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, junto con otros integrantes de su equipo de campaña, fue señalado por estar siendo arropado por posibles cárteles de la droga, quienes supuestamente financiaron su proselitismo para llegar a la gubernatura.

El entonces candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, denunció en mayo de 2015 que se enfrentaba a una narcoelección, tanto por la violencia que se había recrudecido, como porque del poder existían posibles vínculos entre funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado, anotó.

En entrevista con medios de comunicación, apuntó de forma específica a tres priistas: al exgobernador Fernando Moreno, al gobernador Mario Anguiano y al candidato a gobernador, Ignacio Peralta; y se dijo preocupado de que no hubiera certeza de que el entonces mandatario no estuviera recibiendo dinero del crimen organizado para las campañas.

Además de que Mario Anguiano reprobó la prueba del polígrafo, al panista le preocupaba que Fernando Moreno estuviera liderando la campaña del tricolor, ya que cuando fue delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante la campaña electoral de Fausto Vallejo Figueroa, en Michoacán.

En ese estado, dijo Preciado Rodríguez, Fausto Vallejo le quitó la elección a la panista Luisa María Calderón Hinojosa, debido a la intervención del crimen organizado en su campaña, “como lo demuestra el hecho de que hoy están en prisión Jesús Reyna García, quien fuera gobernador sustituto durante las múltiples licencias de Vallejo por motivos de salud”, dijo. Además, Rodrigo Vallejo Mora, hijo de Fausto, fue evidenciado negociando con el entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

“La persona que estuvo en Michoacán generando este clima de inseguridad se llama Fernando Moreno y también está en la campaña del PRI en mi estado”, afirmó Jorge Luis Preciado al recordar las muertes de algunos políticos, entre ellos el asesinato del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, el 21 de noviembre de 2010; y el accidente del exgobernador, Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

EL “NARCOCANDIDATO”

Como la elección ordinaria a gobernador fue anulada por la intromisión de un funcionario del gobierno estatal, se tuvieron que realizar comicios extraordinarios, en donde las acusaciones continuaron. Durante el debate oficial, el candidato del PAN, Preciado Rodríguez, acusó de vínculos con el narcotráfico a su adversario priista, José Ignacio Peralta Sánchez. Incluso lo calificó como el “narcocandidato”.

Ello luego de que circuló un video en las redes sociales, atribuido a Anonymous México, en el que aparece un testimonio de un presunto integrante del crimen organizado, que aseguraba que su grupo delictivo esperaba  el triunfo del priista para recibir beneficios. Mientras, Peralta Sánchez sólo aseguró que eran mentiras. 

Leoncio Morán Sánchez, que era candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura, añadió: “No pueden garantizar la seguridad los partidos que han formado sus gobiernos con gente vinculada al crimen organizado, Nacho, Jorge Luis, dejen de mentir, ustedes no pueden garantizar la seguridad de los colimenses, insisto, la seguridad no es un discurso, es un compromiso”.

Finalmente en febrero de 2016 el PRI logró conservar la gubernatura con Ignacio Peralta, sexenio en el que se han repetido los asesinatos contra funcionarios públicos. En agosto de 2017 ultimaron a balazos al del director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), Daniel Cortés Carrillo. Dos meses después fue asesinado el alcalde del municipio de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, mientras circulaba en su camioneta por la autopista Colima- Manzanillo. 

En febrero de 2018 la víctima fue el regidor del Ayuntamiento de Tecomán, Martín Cázares Zárate, quien sufrió un ataque de pistoleros. 

Tomando en cuenta que los personajes antes mencionados se mueven todavía en la política, sobre todo el actual alcalde de Colima, Locho Morán –primo de Ignacio Peralta-, que quiere volver a ser por cuarta ocasión candidato al Gobierno del Estado de Colima; estando de por medio el narcoterror que se vive en la entidad y retomando los antecedentes y señalamientos que han tenido a su alrededor los políticos, pudiéramos estar viendo en 2021 otra narcoelección en Colima.

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