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El gobernador se precipitó al declarar Estado de Emergencia en Colima

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EDITORIAL.

Es verdad que ante una pandemia como el coronavirus, que ha causado gran cantidad de muertes en algunos países de Asia y Europa, hay que tomar precauciones e implementar medidas preventivas para evitar la dispersión del virus y la pérdida de control de la enfermedad, pero más allá de esto, la Declaratoria de Emergencia realizada el miércoles por el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez (cuando apenas existe un caso detectado) resulta preocupante y cuestionable por las consecuencias económicas que puede traer consigo para el grueso de la población colimense.

Obviamente, la mejor manera de enfrentar al virus y vencerlo es a través del aislamiento social, pero es injusto pasar por alto que no hay en la sociedad una situación de equidad que permita a todos sus sectores sobrevivir dignamente a un aislamiento en las mismas condiciones.

No es lo mismo el empresario pudiente que tiene recursos para vivir años sin trabajar o bien el burócrata o el asalariado que tienen un ingreso seguro y son enviados a sus casas para no contribuir a la propagación del virus, que el trabajador eventual, el pequeño comerciante formal o informal, el prestador de servicios, el vendedor de tamales o el jornalero, que si no trabajan no perciben ingresos y si viven al día eso podría generarles problemas hasta para conseguir los alimentos de cada día.

Y en el colmo de la conciencia, hay privilegiados que se quejan de aburrimiento en la cuarentena, mientras buena parte de la población enfrenta con angustia las próximas semanas tanto en la entidad como en el país.

En ese contexto, una Declaratoria de Emergencia como la emitida por el gobernador Peralta Sánchez no fue diseñada con la sensibilidad e inclusión que requieren todos los sectores de la sociedad colimense, sino que se hizo pensando únicamente en las capas de la población que tienen su ingreso seguro, con el ofrecimiento de algunos incentivos, que ni siquiera son suficientes, para los establecimientos formales.

¿Pero dónde quedan los trabajadores de la construcción, las trabajadoras de casa, los “freelance”, plomeros, mecánicos, tianguistas, las dueñas de pequeñas cenadurías, las personas que venden gelatinas, pays o cualquier otra mercancía en las calles, etcétera? Al parecer, ellos y ellas no entran dentro de los esquemas de apoyo económico de la Declaratoria de Emergencia. O al menos no quedó claro dentro de la exposición que se hizo. E igual se les va a exigir en un momento dado suspender actividades, igual se les va a exigir no andar deambulando por las calles tratando de vender algún producto, bajo el riesgo incluso de ser sancionados, multados o hasta arrestados por 36 horas por no respetar la situación de emergencia y por poner en peligro a toda la población.

Sin embargo, no todo mundo cae en la cuenta de que para estos sectores el solo hecho de declarar la emergencia ya los pone en peligro de no lograr subsistir.

Por lo anterior, ante la inobjetable situación crítica que se vive en estos momentos en la que el coronavirus coloca bajo riesgo a la sociedad, se hace necesario que los intentos de solución no signifiquen un sacrificio para los sectores más vulnerables y desprotegidos.

Los deseable es que el gobierno estatal no se deje envolver por el virus de la insensibilidad humana y dentro de esa Declaratoria de Emergencia se consideren opciones alternativas y apoyos sociales para la sobrevivencia de aquellos que viven al día.

De otra manera, la declaratoria emitida por el gobernador no cumplirá con el objetivo de proteger a la sociedad, pues lo único que hará es remarcar de manera dramática las desigualdades sociales que mantienen en desventaja permanente a una parte de la población.

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