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MAM exige al Congreso sancionar a JIPS por desvío del crédito de la Zona Militar

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Colima, México, Avanzada (12/02/2020).- El exgobernador Mario Anguiano Moreno consideró que el Congreso del Estado debería investigar al actual jefe del Ejecutivo, José Ignacio Peralta Sánchez, por el manejo del crédito por 410 millones de pesos, de los que 200 millones se destinarían para la compra de las instalaciones de la antigua XX Zona Militar.

En una entrevista radiofónica con Max Cortés, sugirió que la población exija a los diputados locales qué pasó con ese dinero, luego de que se conoció que el inmueble fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al gobierno estatal a título gratuito.

Hizo “una sugerencia respetuosa a la población, que le exijan a los diputados no que no vayan contra mí, que vayan, pero lo único que pido es que apliquen los mismos criterios para inspeccionar y sancionar también al gobernador actual”.

Anguiano Moreno reconoció que ese tema fue descubierto y planteado públicamente por la periodista Heidi de León, “una de las pocas que se meten a hacer investigación”.

También, el exmandatario estimó importante que los diputados “se echen un clavado para que vean los créditos de corto plazo que tiene actualmente el gobierno del estado. Y si quieren saber una cosa: esos créditos de corto plazo el año entrante cuando quiera reestructurarlos no se los van a reestructurar. Me parece que van a tener los mismos problemas”

Comentó que a pesar de que el gobernador decía que iba a arreglar la situación financiera, “mira cómo está, me parece que va a pasar lo mismo. Yo reconozco que la situación financiera como yo le entregué a Nacho Peralta era una situación muy complicada, pero también cuando nosotros la recibimos era igual de complicada y me consta que cuando la recibió Gustavo y Silverio estaba complicadísima. La diferencia es que Gustavo, Silverio y yo nunca lo usamos como pretexto para no hacer nada, a pesar de las complejidades empezamos a ir haciendo todas aquellas acciones que era posible hacer, que beneficiaran a la población”.

Planteó además un tercer tema de investigación a Peralta Sánchez, relacionado con la compra de los terrenos de La Campana, 93 hectáreas intervenidas por el INAH en 170 millones, cuando apenas dos años antes le habían ofrecido al gobierno de Anguiano 110 hectáreas en 90 millones de pesos, casi la mitad.

Las 17 hectáreas restantes no estaban intervenidas y podrían tener vocación comercial y al venderlas se podría recuperar casi la totalidad del resto del dinero.

No obstante, para Anguiano Moreno lo interesante sería saber qué pasó con esas hectáreas restantes, a nombre de quién quedaron, situación que tendría que ser revisada por los diputados.

Respecto del caso del cobro de 515 millones 174 mil 928 pesos como resultado de la auditoría en su contra, el exgobernador pidió que el gobierno estatal se vaya contra sus bienes, aunque aseguró que sólo son tres terrenos en su natal Tinajas, que no representan “ni el 1 por ciento” de la cantidad que le están cobrando. 

“Pido al gobernador, finanzas, a los diputados que tienen interés que esto se dé, que procedan contra mis bienes. No tengo problema, pero yo sé que mis bienes no pueden cubrir ni mínimamente esa cantidad, no cubren uno por ciento. Mi patrimonio no llega a dos millones de pesos. Revísenlo”.

Por lo tanto, anunció que este jueves a las cinco de la tarde realizará una caminata desde el jardín de El Moralete hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregarse.

“Nunca me escondí, nunca salí de Colima. Reconozco que no tengo ni mínimamente para cubrir esa cantidad. Y como yo no puedo cubrirla, pido primero que se vayan contra los bienes que yo tengo. Pero como yo no puedo cubrir la cantidad, te anuncio y anuncio a la población que el día de mañana 5 de la tarde voy a hacer una caminata del jardín del Moralete a la FGE y como no les puedo pagar todo, voy a entregarme personalmente.

“Si ellos dicen que debo ese dinero y yo reconozco que no lo puedo pagar, entonces que vayan contra los bienes que tenga y yo hago una caminata del jardín del Moralete a la FGE y que sepa la población de Colima que lo hacemos con la frente en alto. No nos hemos escondido. Hago la caminata reconociendo que lo que están cobrando no lo pago ni en cinco vidas. Pido a los amigos y amigas que nos escuchen, que nos puedan acompañar”.

Aunque inicialmente se negó a calificar la gestión del actual gobernador, ante la insistencia del entrevistador Anguiano se valió de las encuestas de popularidad para asentir que Peralta Sánchez es el peor gobernador que ha tenido Colima. 

“En seguridad había un equipo muy preparado en seguridad, pero por ser nuestros, los desaprovechó. Decía que íbamos a vivir felices y seguros”.

En su caso personal, insistió en que está siendo sancionado por un crédito que ni siquiera recibió y estimó que las cuatro auditorías que se le realizaron fueron parte de algo orquestado e inducido.

El exgobernador dijo que antes de hacer la solicitud del crédito por 638 millones se lo comentó al entonces gobernador electo, quien estuvo de acuerdo para no sufrir complicaciones financieras al principio de su gobierno e incluso habló con algunos diputados para pedirles que respaldaran el crédito.

 “Yo le dije: ´hay esta problemática, si no la resolvemos se va a volver un verdadero problema de liquidez al entrar, si quieres nosotros hacemos la solicitud’ y él estuvo de acuerdo y platicó con algunos de los diputados; no era para mí, era para el gobierno, ya sabíamos que nosotros no alcanzábamos a ejercerlo”.

Anguiano indicó que en el caso de la multa de 515 millones de pesos que le aplicó el Congreso se desprende de un crédito de 638 millones de pesos, cuyo origen son varios créditos de corto plazo que se habían contratado para poder operar al gobierno estatal, que ya no se alcanzaban a pagar durante su administración, que concluyó el 31 de octubre de 2015, por lo que debería cubrirlos la siguiente administración.

Sin embargo, expuso, si quedaban como de corto plazo se volvería inoperante el gobierno del estado y del análisis que se hizo se llegó a la conclusión de que una de las pocas alternativas era convertirlos en un crédito de largo plazo.

“Yo creo, esa es mi percepción, que el caso mío lo que se trató fue de una persecución política, porque normalmente cuando termina un gobernador le hacen una auditoría del último año, y en el caso nuestro fueron cuatro auditorías: un juicio político primero, la auditoría normal 2015, una auditoría excepcional de 2013 a 2015, y una auditoría especial al crédito por 638 millones de pesos”.

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