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Mario Anguiano ¿Fin de la impunidad?

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EDITORIAL.

El revés propinado a Mario Anguiano Moreno por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, marca un punto de quiebre en los procesos y acusaciones por malos manejos de recursos que han perseguido al exgobernador desde que dejó el puesto en 2015: Parece que por fin se aplicará la ley a un personaje que, por todas las evidencias y señalamientos, aprovechó el poder para hacer un uso patrimonialista de los dineros públicos.

Aunque fueron varias las imputaciones por actos de presunta corrupción, con evidencias que hacían pensar en la culpabilidad del exmandatario, finalmente fueron las anomalías que rodearon al caso del crédito por 638 millones de pesos las que motivaron al Poder Judicial Federal a negarle la protección a Anguiano Moreno, quien quedó vulnerable frente a la resolución del Congreso del Estado, que lo sancionó con inhabilitación por 14 años para ocupar puestos públicos y el resarcimiento al erario de 515 millones 174 mil 928 pesos.

Hasta antes de que se conociera la sentencia del tribunal, todo parecía indicar que Anguiano quedaría libre de responsabilidad, como él mismo lo presumió públicamente en agosto pasado, durante unas declaraciones periodísticas ofrecidas en su asistencia al informe del dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda.

El Juzgado Segundo de Distrito había sobreseído en marzo de 2019 un juicio de amparo promovido por Mario Anguiano, por lo que éste recurrió a la siguiente instancia, que emitió su sentencia el pasado 27 de enero.

Pero a pesar de que previamente habían sido exonerados por el mismo caso Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario general de Gobierno en su administración, y Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas —a quienes se les inhabilitó por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal—, en el caso del político oriundo de Tinajas no aplicó la analogía.

En su defensa, Anguiano había dicho a los medios de comunicación en su aparición de hace unos meses que los recursos de los 638 millones de pesos “ni siquiera nos entregaron a nosotros, lo recibió el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz; esperemos que este proceso termine para poder salir con elementos de prueba y fijar un posicionamiento, ni siquiera para hacer acusaciones, sólo para poder presentarle a la población todos aquellos elementos que nosotros tenemos para demostrar que todas aquellas acusaciones eran infundadas”.

“Sería ilógico —agregó— que de una acusación donde ni siquiera recibimos nosotros los recursos pudiera salir… estoy convencido que de ese tema había tres personas que estábamos con sanciones, Rafael Gutiérrez e Isabel Ávalos, ellos ya fueron exonerados, falta el nuestro, vamos a esperar a que termine ese proceso para poder fijar un posicionamiento final de este tema”.

Una vez que el tribunal colegiado resolvió al respecto, bajo la consideración de que Anguiano debe encarar la resolución del Congreso, es importante que la sociedad se mantenga vigilante de la conclusión final de este caso, para que éste se cumpla a cabalidad.

Si terminaron los recursos legales de defensa para el exmandatario, ahora tendría que resarcir la cantidad económica señalada por el Congreso, a menos de que sus abogados encuentren un resquicio jurídico para ir a la instancia superior que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ninguna garantía de que el caso sea admitido y mucho menos fallado a favor.

Lo cierto es que la sociedad colimense merece que no haya impunidad en el caso del exgobernador, quien no tendría que quedar sin rendir cuentas por las anomalías que, según diversos organismos y autoridades, marcaron su sexenio.

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