Todo apunta a que la violencia en nuestro país, lejos de ir a la baja, ha dado señales de que cada vez no solo va en aumento, sino que además, las formas y las armas que se están usando son muy diferentes a las utilizadas en un principio. Lo que inició como una disputa territorial entre los diferentes grupos que intentaban cada uno dominar y hacer sus ventas en determinadas “plazas” ahora da un giro y los ataques son en contra de las instituciones o sus representantes. Se atacan oficinas de gobierno, casetas de policía, patrullas, agentes, etc. decimos que incluso las armas son diferentes porque agregan a las llamadas de fuego (pistolas, metralletas, rifles, etc.) las explosivas, léase granadas y artefactos que los hacen funcionar con detonador a control remoto en un vehículo, que sin tener muchos conocimientos ni mucho menos ser especialista, me atrevo a decir que esas ya son palabras mayores, más aún cuando el ataque fue dirigido a unidades de la policía federal. Hace algunos años, hablar de violencia y delincuencia era hablar del Distrito Federal, sin embargo, usted me dará la razón cuando menciono que en los últimos meses, en ese rubro, el DF ha dejado de ser noticia, ahora los espacios nacionales se los llevan los estados fronterizos, en los que la disputa por esos controles ha cobrado la vida de delincuentes, de efectivos de las policías y el ejército y además de gentes inocentes, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Es difícil, muy difícil que alguien pueda decir hasta dónde llegaremos con esto, la verdad nadie la sabe, en otros países también se ha pasado por situaciones similares y se han tenido resultados buenos y malos.
En nuestro estado, las cosas han llegado también a límites que nunca lo hubiéramos imaginado. Sale sobrando hablar de los enfrentamientos entre los delincuentes y algunos con las fuerzas armadas, luego llegaron a atacar instalaciones de la policía, como en los casos de Manzanillo, pero la gota que derramó el vaso son los atentados contra mandos medios de las corporaciones municipales, como el caso del comandante Juan Carlos Rosas de Villa de Álvarez, al cual, por fortuna, no pasó del susto y una pequeña herida en un dedo; quien no corrió con la misma suerte en esta semana que concluye fue el director operativo de seguridad pública en Manzanillo, José Ángel Ceballos Macías. Junto con su compañero que hacía las veces de escolta, fueron acribillados por varios sujetos al tenderles una emboscada. Después de ello se llevó a cabo un fuerte operativo en esa ciudad y puerto, la persecución tuvo frutos, después de un enfrentamiento a balazos se logró la detención de dos de los presuntos implicados en ese doble homicidio.
Decían los que saben, y probablemente con lógica, que cuando es ejecutado un mando policial, generalmente se debe a que no es corruptible, es decir, se niegan a recibir dinero para facilitar operaciones, se niegan a ser cómplices, a ser parte del grupo delictivo y al convertirse en obstáculo para ellos, optan por liquidarlos; otro motivo puede ser la venganza por haberles causado al grupo delictivo bajas importantes o decomisos, ya sea de droga o de armas; y el último, que yo creo como el menos posible para el momento que estamos tratando, es aquel en el que los mandos policiales le cobran demasiado a los mafiosos por sus favores, y cada vez exigen mayores privilegios que terminan convirtiéndose en verdaderos estorbos. Hay de todo, hay de todos, igual que en cualquier otro oficio o función, contamos con los elementos capaces de entregarse en cuerpo y alma como se dice por ahí, de tiempo completo, dando todo lo que está de su parte, esos que dignifican con su actuar a la corporación para la que trabajan, pero hay también los que hacen exactamente lo contrario.
Pasando a otras cosas de nuestro sistema, más agradables por cierto, seguimos avanzando, como Movimiento Popular Colimense, hemos dado a la ciudadanía respuesta a sus demandas; en días pasados, el tribunal colegiado de circuito, dio la razón a los ciudadanos que se ampararon en contra de ese cobro indebido llamado DAP y que consiste en el 10% adicional que le cobran a usted en su recibo del consumo de energía eléctrica. Te lo cobra la Comisión Federal de Electricidad pero se lo da a los Ayuntamientos, luego con ese dinero, el municipio le paga a la CFE por cada poste de alumbrado público y se dice también de sus instalaciones. Por ello, el Tribunal mandata a los Ayuntamientos a que les regrese su dinero a esas personas que ganaron los amparos, tal y como ya lo está haciendo el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Seguimos ahora, ya no con amparos, sino con demandas, pero en este caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para esto contamos ya con el nuevo formato, si usted se interesa en ello, llame al teléfono 31 2 00 53, es la oficina del Senador Carlos Sotelo García.
Hasta la próxima en más cosas de nuestro sistema.
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