La ola de violencia ha vuelto a Colima, se ha recrudecido, ha amenazado a las instituciones, a los gobiernos, a la sociedad civil. Esta situación ha cobrado la vida de policías y ha puesto en riesgo la de los ciudadanos.
Hace algunos años escuchábamos o leíamos en la prensa internacional de coches bomba y granadas, “y nosotros en Colima nos parecía algo muy lejano, pero ahora hablar de coches bomba es hablar de México, de granadas de mano es hablar de Manzanillo, y descuartizados y narcolaboratorios es hablar de Colima, el asunto es delicado”, refiere en entrevista con Avanzada el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Nicolás Contreras Cortés.
El 30 de junio pasado el narco lanzó la advertencia a las autoridades: La mañana de ese miércoles, Juan Carlos Rosas Pérez, comandante de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Villa de Álvarez, sufrió un atentado cuando viajaba en su vehículo en la colonia Villa Izcalli, fue sorprendido por un sujeto que le disparó al parabrisas sin lograr lesionarlo.
Así cerraba junio, ese fue el cuarto hecho violento que se registraba en el mes. Días antes, el jueves 24, una persona había sido ejecutada en la carretera libre Manzanillo-Colima. El sábado 12 había sido acribillado un abogado afuera de una sucursal bancaria en la avenida San Fernando, en Colima; y un día después otra persona fue asesinada en su casa en Tabachines, en Villa de Álvarez.
El primero de julio la amenaza continuó: Casi simultáneamente sicarios balearon la caseta de policías de la delegación de El Colomo, en Manzanillo; y detonaron granadas contra las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en el mismo puerto. No hubo pérdidas humanas, aunque la ráfaga de balas hirió a dos agentes municipales.
Eran alrededor de las tres de la tarde, cuando a unos metros de la subdelegación estatal de la PGR, sujetos no identificados, arrojaron una granada que dañó a cinco vehículos y los ventanales de una casa de empeño aledaña a las oficinas federales. Prácticamente al mismo tiempo se dio el ataque a la caseta policial. El director de Seguridad Pública del puerto, Miguel Salazar Abaroa, consideró que se trataba de “un mensaje para que estemos alertas”.
Para el domingo 18, José Antonio García fue herido con arma de fuego mientras comía en el interior del restaurante el Dragón Rojo, en la ciudad de Colima. Eran cerca de las seis de la tarde cuando dos hombres entraron al lugar, sacaron una pistola y dispararon a sus espaldas, sólo una bala le impactó.
Al siguiente día, pistoleros dispararon contra un individuo y lesionaron a una niña de cuatro años. Minutos después llegaron dos personas del sexo masculino por ambos sentidos, quienes sacaron de entres su ropas las armas tipo escuadra y comenzaron a disparar sobre ellos, el joven de 28 años fue lesionado en diversas partes del cuerpo, la menor recibió un balazo en el brazo derecho.

Ejecutan a policías

Sin embargo, a pesar de los altercados violentos que se habían dado en días anteriores, fue el martes 20 de julio cuando el narco logró ejecutar a un policía. José Ángel Ceballos Macías, director operativo de Seguridad Pública en Manzanillo, fue acribillado cuando salía de su casa.
Esa mañana el funcionario municipal salió de su domicilio a bordo de la patrulla 153, perteneciente a la DSP, la cual al momento de pasar por un reductor de velocidad fue atacada a dos fuegos. Cuando el escolta trató de repeler la agresión, también fue abatido a tiros.
Ese mismo día por la tarde, hubo un enfrentamiento entre dos grupos armados, en el municipio de Ixtlahuacán, donde un individuo, de nombre Rafael Torres Luna, de 35 años, fue baleado por cuatro individuos.
Algunos policías porteños aseguran que han recibido amenazas de muerte. Extraoficialmente se supo que el miércoles 7 de julio apareció una manta cerca de la presidencia municipal, cuyo mensaje amenazaba al director de Seguridad Pública, Miguel Salazar Abaroa; al alcalde porteño, Nabor Ochoa López; y a personal de la Armada.
Los acontecimientos obligaron al gobernador Mario Anguiano Moreno a no viajar a China, en donde encabezaría la delegación que realizará una visita al puerto de Ningbo y participará en la expo internacional 2010 de la ciudad de Shanghai.
El mandatario estatal lamentó los hechos delictivos registrados y reconoció por primera vez que había cárteles disputándose la plaza de Colima. Además, durante el homenaje póstumo del director operativo José Ángel Ceballos, reveló que ha habido algunos elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que han recibido amenazas al igual que el fallecido. Ante ello, dijo que se estaban realizando estrategias contra la delincuencia y anunció que el Gobierno del Estado adquirirá un helicóptero destinado para seguridad pública.
Señaló que esta agresión al exfuncionario de Manzanillo es la primera en donde se ataca a personal directo de seguridad, lo que hace que haya un nivel de mucha mayor preocupación y acción en el Gobierno del Estado.

Involucrados

Los incidentes de violencia en el estado, como el asesinato de los policías, el tiroteo contra el cuartel de agentes en El Colomo, y las grandas en la subdelegación de la PGR, “son una declaración frontal del crimen organizado a los gobiernos municipal, estatal y federal”, subraya el diputado Francisco Zepeda.
“Hace unos meses se hablaba y se decía que el problema de la seguridad en el estado era por efectos de encontrar la preferencia en la plaza de quienes se dedican al tráfico de drogas, pero tenemos ya algunos antecedentes de las semanas anteriores que las cosas no se visualizan así, que el problema no nada más es entre sicarios, sino que han traspasado la línea que se comenta con respecto al gobierno”.
Las amenazas de la delincuencia organizada también se extienden a funcionarios federales. El jueves 22 aparecieron cinco narcomantas en Colima y Manzanillo con mensajes dirigidos a la Secretaría de Marina. El secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro consideró estas acciones como una provocación.
De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el grupo que firmó las narcomantas, llamado “La Nueva Plaza”, podría ser producto de una alianza entre La Familia de Michoacán, los Valencia y el cártel del Golfo.
Mientras tanto el legislador local Juan Roberto Barbosa López recuerda que hace unos días platicó con el director de seguridad pública de Manzanillo, quien le comentó que ante el panorama de violencia, los índices de confianza hacia el interior de seguridad pública, como sucede en todo el país y en las policías estatales, es muy bajo, “esto debido a que hay muchos infiltrados en este sentido y que desde ahí debemos de trabajar, para que la seguridad avance”.
Reconoció que se ha detenido a algunos sicarios, pero se necesitan hacer más esfuerzos, porque “a veces los mismos delincuentes avanzan más que la seguridad pública, buscan la forma de penetrar en la Seguridad Pública y eso es lamentable”.
Itzel Ríos de la Mora, coordinadora del partido tricolor en Palacio Legislativo abunda que “ahora vemos que no solamente quienes están involucrados en el crimen están teniendo problemas, ahora también quien se dedica a la procuración de justicia, entonces lo hemos visto en otros estados”.

¿Rebasados?

Los descuartizados, mutilados, granadas, “todo eso que se daba en otros países y ahora en Colima se está viendo”, es una muestra de que la estrategia ha fallado, señala Nicolás Contreras.
“No está funcionando, al menos no del todo, debiera de revisarse”, insiste al aceptar que tampoco la entidad es un caos, pero sí está viviendo escenarios que antes no se tenían, y que ocupa rediseñarse una estrategia más acorde con la problemática actual que estamos atravesando.
Rigoberto Salazar Velasco, vicecoordinador del PRI en el Congreso del Estado, difiere y descarta que el gobierno estatal esté fallando en su estrategia de seguridad, lo que pasa es que “se está viviendo una realidad inédita para los colimenses”, porque el estado no es ajeno al problema que vive el país.
Para el presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés; y para el dirigente estatal del PRD, Francisco Rodríguez García, fue el mismo gobierno el que dejó crecer inseguridad.
“Ha seguido siendo incapaz el estado, como municipio, entidad y federación, y es obvio que la violencia ha rebasado la seguridad estatal y nos ha puesto en peligro a la ciudadanía”, refiere Efraín Naranjo al hacer un llamado para que el gobierno tome cartas en el asunto de una manera más a fondo.
Por su parte, el líder perredista consideró que tanto el titular de la Policía Estatal Preventiva, Héctor Bautista Vázquez; como el procurador de Justicia en el Estado, Arturo Díaz Rivera; “son pistolas de agua, frente a la delincuencia organizada”.
“Estamos concientes que el crimen organizado está súper avanzado en materia de armamento y del trabajo de operación que hacen ellos contra los cuerpos policiacos, principalmente en materia de seguridad pública municipal”, acepta Francisco Zepeda.
Ante ello, su homólogo Nicolás Contreras, advierte que existe un riesgo latente de que las autoridades sean rebasadas por el narco, “aún no ha sucedido en Colima y no queremos, o sea, no queremos esperar que las cosas estén como en Coahuila, Chihuahua, por eso es este llamado al Ejecutivo”.
Contrariamente, para el comandante de la VI Región Naval con sede en Manzanillo, Jaime Mejía Michel, las instituciones de seguridad no han sido rebasadas por la delincuencia.
Itzel Ríos anota en entrevista con este medio que a cualquier persona que se le pregunte si ha sido rebasada la seguridad pública, “y más a los familiares de las víctimas, te van a decir que sí, que están fracasando las políticas, porque está habiendo muertes. Pero yo no quiero aprovecharme de la situación porque el gobierno federal es de otro partido, debemos actuar”.
— ¿Existe el riesgo de que sean superadas las autoridades por el crimen organizado?
— Yo pongo mis votos porque no sea así. Yo siento que están siendo amenazadas las instituciones, tan así que se les está agrediendo, no me atrevo a decir que rebasadas porque al decirlo es como si estuviéramos en un caos, en una tierra de nadie, donde cada quien toma justicia por su mano y comete los actos ilícitos que quiera cometer.
“Hay que reconocer también las cosas buenas, como las aprehensiones que ha habido en Colima, entonces quiere decir que las cosas sí están funcionando, que quizá no están funcionando en toda su totalidad. Entonces más que rebasadas las instituciones están siendo amenazadas”.