Congreso de Colima exhibe a funcionarios pero los perdona

Colima, México, Avanzada (12/09/2017).- A pesar de que las denuncias de corrupción han estado a la orden del día en el Congreso del Estado, en los últimos 16 años la fiscalización de los recursos públicos se ha utilizado como una media de presión para negociar y no como un mecanismo que ayude a combatir las malas prácticas en la función pública y castigar la impunidad.

Incluso en la Comisión de Responsabilidades que preside el legislador panista Riult Rivera Gutiérrez, se encuentran pendientes de resolver los juicios en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, quien está acusado del desvío de más de 2 mil millones de pesos, además de por lo menos cuatro de sus funcionarios de primer nivel.

Dicha comisión tampoco ha concluido los juicios en contra de funcionarios de organismos operadores de agua, quienes fueron señalados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) de haber incurrido en irregularidades que dañaron las arcas públicas.

Por ejemplo, desde diciembre de 2015, la mayoría de diputados votó a favor de inhabilitar e imponerle una sanción económica acumulada por un millón cuatrocientos doce mil pesos al entonces director de CIAPACOV, Oscar Valencia Montes, y un año después, es decir, en el 2016 volvió a ser sancionado por una cantidad similar, pero hasta la fecha el proceso en contra del ex servidor público no ha concluido en la comisión de Responsabilidades.

No es la única comisión donde los procesos avanzan lentos, en una condición peor se encuentra la Comisión de Hacienda a cargo del priista, Santiago Chávez Chávez, quien tiene en sus manos desde hace casi un año la Auditoría Excepcional que practicó el OSAFIG a los tres últimos años de Mario Anguiano, la cual ni si quiera se ha sometido al pleno del Congreso para que inicie el proceso de sanción.

Ante este hecho, diputados locales e integrantes de partidos de oposición, entre ellos el PRD, han señalado que los partidos políticos terminan negociando en los “oscurito” las calificaciones de las cuentas públicas y señalaron que quienes son castigados por los malos manejos financieros son funcionarios menores.

Asimismo, los propios integrantes del Congreso local señalaron que la fiscalización en Colima sirve únicamente para presionar políticamente a los funcionarios implicados y a las dirigencias de los partidos a los que pertenecen, sin embargo, ningún funcionario ha sido obligado a regresar recursos públicos a la administración estatal o municipal.

Tarjetagate impune

En el 2003 se destapó uno de los casos más importantes de corrupción en Colima, sin embargo ninguno de los ex funcionarios involucrados fueron sancionados o encarcelados por el robo millonario cometido contra el Gobierno del Estado.

En el 2003 se descubrió que funcionarios de la administración estatal durante el sexenio de Gustavo Vázquez Montes extrajeron recursos económicos de 82 tarjetas de débito Pagomático Internacional Banamex, sin embargo el asunto fue clasificado como un robo de tarjetas y se sancionó a un trabajador. Ninguno de los funcionarios de primer nivel que estuvieron involucrados fueron sancionados por este tema.

Caso Tecomán

En diferentes administraciones, los alcaldes panistas Elías Martínez Delgadillo y Saúl Magaña fueron sancionados por el Congreso de Colima para ocupar cargos públicos por malos manejos financieros durante su administración.

Aunque también se les señaló que debían regresar recursos públicos a las arcas del municipio tecomense, hasta el momento esto no se ha hecho y ninguna autoridad le ha dado seguimiento al caso.

Saúl Magaña tendría que haber regresado más de un millón de pesos, además era subsidiario en una deuda de 3 millones de pesos.

El Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Guadalajara, Jalisco ratificó las sanciones que por decreto el Congreso del Estado de Colima impuso a Elías Martínez Delgadillo y Antonio Espinoza Hernández.

El decreto señalaba una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos en el estado y el pago al ayuntamiento de Tecomán de un millón 200 mil pesos.