EDITORIAL: Funcionarios en alerta roja sobre violencia

El doble asesinato de la directora y el subdirector de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Armería, Mayra Janeth Gálvez Ramírez, y Eliseo Victorino Aguilar, pone en situación de alerta roja a los funcionarios municipales y sobre todo de esas áreas, quienes al parecer se han convertido en blanco de la delincuencia organizada que presumiblemente pretendería tener el control de las corporaciones de seguridad de algunos de los municipios.

Lamentable y condenable por donde quiera que se le vea, la ejecución de estos servidores públicos constituye un serio reto para el gobierno de Ignacio Peralta, que deberá demostrar capacidad, eficiencia y voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los asesinos.

Sin embargo, se corre el riesgo de que ante este suceso ocurra lo mismo que en casos similares anteriores: que simplemente se deje pasar el tiempo sin que se informe a la sociedad sobre los pormenores de los casos, dejando la impresión al ciudadano común de que se impuso la impunidad.

Frente a lo ocurrido la mañana del miércoles en Armería, será recomendable que el propio alcalde, Salvador Bueno Arceo, surgido de Morena, refuerce su aparato de seguridad para evitar sufrir algún ataque, ante la presunción de que el crimen organizado trate de incidir en el gobierno armeritense.

Parecería casualidad, pero las autoridades no deberían descartar la posibilidad de que el asesinato del regidor electo Rosalío González Cortez y una mujer, el 2 de agosto pasado, tengan relación con el homicidio de la titular y el segundo de a bordo de la Dirección de Seguridad Pública de Armería.

Y no olvidemos que en meses previos han sido asesinados servidores públicos y representantes populares de varios municipios colimenses, como es el caso del alcalde de Ixtlahuacán Crispín Gutiérrez Moreno, el regidor Martín Cázares, de Tecomán, el director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), Daniel Cortés Carrillo, y el exdirector de Tránsito de Manzanillo, Christian Montero Ibarra.

A estos asesinatos se suman otros como el del delegado de la Sedatu, Jaime Ernesto Vázquez Montes; el del abogado Samuel Moreno Rodríguez, sobrino del exgobernador Fernando Peña, así como el atentado contra este mismo, situaciones que han dejado incertidumbre entre la sociedad sobre lo que puede estar pasando, pero al no haber respuesta las cosas se quedan en la incertidumbre.

En el contexto en que se han dado los asesinatos de servidores públicos, lo peor que puede hacer el gobierno de José Ignacio Peralta es quedarse callado o esconder la cabeza como el avestruz aparentando que no pasa nada. Es en estos momentos cuando el flujo de la información hacia la sociedad sobre lo que hay detrás de cada hecho sangriento se convierte en una necesidad insoslayable, para evitar dar pie a los rumores que sólo confunden más a los ciudadanos.

Por las víctimas y sus familias, igual que por el hecho mismo, las autoridades estatales deben responder ante este doble asesinato con una investigación profunda y seria, encaminada a colocar tras las rejas a los autores de tan artero doble homicidio.

En realidad, así debe ser en todos los casos.

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